Organismos vigilantes de las políticas de igualdad, como el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), o partidos políticos como el PSOE e IU llevan tiempo alertando del riesgo de desprotección que corren las víctimas de la violencia de género con la nueva reforma local que prepara el Gobierno y que elimina de las competencias municipales las políticas de igualdad. Concretamente, el anteproyecto de ley para la racionalización y sostenibilidad de la administración local suprime el artículo 28 de la norma vigente, esto es y entre otras, las competencias municipales de igualdad. 

El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, también reconoció su preocupación a los diputados en el Congreso. Moreno es "partidario de que la Administración local tenga la competencia y la financiación" en materia de Servicios Sociales -de todos-, pero alerta de la "complejidad" que existe "desde el punto de vista constitucional en el ámbito de las competencias" y se muestra partidario de fórmulas de "colaboración" entre administraciones. Unas fórmulas que, de momento, al menos, no se conocen y la última propuesta de ley del Gobierno -antes del informe del Consejo de Estado- no recoge.

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Inmaculada Moltabán, ha sido la última en dar la voz de alarma al Ejecutivo sobre este asunto, la semana pasada: la labor de los ayuntamientos a la hora de ayudar a las víctimas de violencia de género es imprescindible y con la modificación de la ley, esta función "corre peligro". Fuentes del organismo, además, argumentan que los propios jueces creen que la desaparición de estos centros municipales sería un "gravísimo error" en la lucha contra la violencia de género y la protección de las mujeres maltratadas.

"El entorno más próximo de las víctimas -sus vecinos, su barrio,...- es fundamental para que éstas denuncien a su agresor y reciban asesoramiento y protección", aclaran en el Observatorio. Pero también subrayan la labor de los ayuntamientos para detectar estos casos de violencia, cuyas denuncias han descendido en un 5,1% en los tres primeros meses de año con respecto al último trimestre de 2012 y debido a la crisis económica, que impide a muchas mujeres independizarse.

Montalbán ha cifrado en cerca de 450.000 las mujeres maltratadas por sus parejas que no denuncian. El organismo dependiente del CGPJ ilustra, además, esta reflexión con otro dato demoledor: en Madrid han muerto doce mujeres en lo que va de año; es la cifra del total de muertas de 2012. "Si el Ayuntamiento de la capital, como el resto, pierde sus competencias en materia de igualdad y asistencia a las mujeres, ¿cuántas habrá en 2015?", se preguntan en el Observatorio. Este año, han sido asesinadas con violencia de género en toda España 28 mujeres y el 80% de ellas no había denunciado.

Al tiempo que Montalbán, el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) alerta de nuevo del "daño irreparable" que supondrá para las mujeres víctimas de la violencia de género la reforma local en los últimos términos que se conocen, que prevén, por ejemplo, eliminar los 169 Centros Municipales de Información a las Mujeres (CMIMs) que hay en la Comunidad Autónoma y que atienden a más de 100.000 mujeres. El IAM avisa de que si la reforma local queda aprobada como se conoce ahora en cuanto a la desaparición del artículo 28 de la norma de 1988, se estarán vulnerando la Carta Europea de Autonomía Local y la ley estatal de Igualdad.

En Madrid han asesinado a doce mujeres en lo que va 2013; es la cifra del total de muertas del año pasado La reforma local no está cerrada, insisten en el Ejecutivo, aunque la previsión es aprobar el texto en Consejo de Ministros antes de las vacaciones de agosto. Fuentes del Gobierno reconocen que los tiempos van muy justos -la fecha tope sería el viernes 2 de agosto- para un proyecto que está siendo modificado rápidamente tras el varapalo del Consejo de Estado, que ha puesto sobre la mesa la inconstitucionalidad de esta reforma en cuanto a su coste estándar y el sobredimensionado papel de las diputaciones.

La oposición socialista se confiesa perdida en cuanto a las "reformas de la reforma" que va a hacer el Ejecutivo del texto que envío al órgano consultivo y no tienen ninguna ese y no tienen grandes esperanzas sobre el resultado final, que ya adelantan que no apoyarán. La mayoría absoluta del Gobierno, sin embargo, facilitará que, si éste decide prescindir del consenso -como ya ha anunciado que hará-, salga adelante una ley que cuenta, incluso, con detractores en los gobiernos locales de sus propias filas, particularmente en Galicia. Hay quien todavía no se cree que la reforma vaya a salir adelante, aunque reconocen que Bruselas aprieta para que así sea.

016. Teléfono de atención a víctimas de la violencia de género. Es gratuito y no deja rastro en la factura telefónica.