La activista saharaui Aminetu Haidar, que lleva 25 días en huelga de hambre en el aeropuerto de Lanzarote en protesta por no poder volver al Sáhara Occidental, dijo el miércoles que volverá a su casa sea como sea.

"Voy a regresar viva o muerta, pero voy a regresar (a El Aiáun)", dijo Haidar a preguntas de los periodistas cuando regresaba en silla de ruedas de su aseo diario a su estancia en el aeropuerto de Lanzarote.

La activista tenía pensado realizar hoy una declaración a la prensa pero el encuentro fue aplazado debido a su delicado estado de salud, dijeron fuentes de la Plataforma de Apoyo a Aminetu Haidar.

El lunes, un juez rechazó la hospitalización de Aminetu Haidar en contra de su voluntad después de que la activista rechazase la atención médica diaria que se le estaba prestando en el aeropuerto de Guacimeta.

capital de la antigua colonia española -, ha denunciado que el Gobierno español la está presionando para que abandone la huelga de hambre, en lugar de insistir a Marruecos para que la deje volver a su casa.

"Continuaré mi huelga de hambre hasta que haya solución. Si muero, será el Gobierno español quien deberá asumir las consecuencias jurídicas y morales", dijo Haidar, de 43 años.

El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, pidió el lunes a los grupos parlamentarios que adopten una posición común sobre Haidar, cuyo caso ha devuelto a las portadas la problemática del Sáhara Occidental.

El PSOE redactará una proposición de ley para que se inste al Gobierno a redoblar sus esfuerzos para solucionar el problema y pida a Haidar que vuelva a ingerir alimentos.

La proposición no de ley, que podría tratarse en el próximo pleno, también pide al Gobierno que le diga "a Marruecos que cumpla con sus compromisos de derecho internacional en torno al retorno de esta activista saharaui y que busque por los canales diplomáticos de rigor la complicidad, implicación, de Naciones Unidas", agregó.

Haidar ha acusado a los gobiernos español y marroquí de complicidad para empujarla hacia la muerte y de vulnerar la legalidad internacional, mientras que el Gobierno marroquí la acusa de estar "manipulada" por los servicios secretos de Argelia, país que ayuda al Frente Polisario, el movimiento que pide la independencia del Sáhara Occidental.