Setenta y seis años de vida dan para mucho. Tanto que El Obispo, como le llaman algunos en el Partido Popular tanto por su peculiar forma de hablar como por su vinculación al Opus Dei, ha tenido tiempo de prestar servicio a la dictadura de Francisco Franco (durante los años sesenta y setenta), a la Xunta de Manuel Fraga (en la primera mitad de los noventa) y al primer Gobierno de José María Aznar. Y, aunque todo el mundo le daba por retirado después de su paso por la presidencia del Consejo de Estado, Mariano Rajoy no ha tenido más remedio que recurrir a él para que alguien de su absoluta confianza se haga cargo de las finanzas del Partido Popular, puestas bajo sospecha por las demoledoras conclusiones de la investigación judicial del caso Gürtel.

La confianza de Rajoy viene de muy atrás. No en balde Romay Beccaría (Betanzos, 1934) es, en cierto modo, el responsable del liderazgo nacional de Mariano Rajoy en el Partido Popular, como también lo es del de Alberto Núñez Feijóo en el PP de Galicia.

Romay vicepresidía el PP gallego cuando Pablo Crespo era el número tres

Los tres encabezaron durante años, en distintas fases, el pulso que los dirigentes conservadores gallegos de extracción urbana y con formación académica (conocidos como los del birrete) mantuvieron con sus rivales de la boina, con currículos menos espectaculares pero mucho más curtidos en la decisiva lucha política de las zonas rurales de la comunidad gallega.

Mucho antes de que su principal adversario, José Cuiña, fuese barrido por la marea negra del Prestige, Romay ya jugaba sus cartas en el tablero político gallego. Primero como vicepresidente de la Xunta en el primer Gobierno de Coalición Democrática (1982). Después como presidente de la Diputación provincial de A Coruña en los años en que la institución actuaba como contrapeso del incipiente Gobierno autonómico, entonces en manos de una frágil coalición de socialistas y nacionalistas (1987-1990) que acabó perdiendo las elecciones.

Sus lazos con Rajoy vienen de cuando ambos se oponían a Cuiña en Galicia

Luego llegó Manuel Fraga, al que acompañó seis años como miembro de sus sucesivos gobiernos al frente de las carteras de Agricultura y Sanidade. Y, después, tras la victoria electoral en las generales de 1996, fue el momento de su techo político como ministro de Sanidad y Consumo del primer Gobierno de José María Aznar.

Fueron años de intensa actividad en Madrid que no impidieron a Romay compatibilizar sus obligaciones como ministro con el cargo de vicepresidente del Partido Popular de Galicia precisamente durante los años en los que Pablo Crespo, número dos de la trama Gürtel y aún en prisión provisional en la cárcel madrileña de Soto del Real, ocupaba el puesto de secretario de organización. Fue en esa época, de la que hasta Feijóo se ha distanciado subrayando que entonces ni siquiera era militante, cuando el partido pagó con dinero negro 3,2 millones de euros de los 6,1 millones que gastó entre abril de 1996 y septiembre de 1999.

Fueron, en total, 18 años de actividad política en democracia, seis más de los que dedicó a servir al franquismo desde que, en 1963, apenas cuatro años después de aprobar la oposición a letrado del Consejo de Estado, fuese nombrado secretario general de Sanidad.

Alejado de las responsabilidades públicas (su última actividad conocida ha sido la promoción inmobiliaria: junto a dos hermanos puso en marcha la construcción de 23 chalets en terrenos familiares situados en el pequeño municipio de Oza dos Ríos, a media hora del centro de A Coruña), esta es la segunda ocasión en la que Rajoy recurre a él para afrontar la implicación del Partido Popular en la trama Gürtel. La primera fue en diciembre pasado, cuando le nombró Auditor de Prácticas Internas, un cargo de nueva creación ideado para vigilar el cumplimiento de las normas éticas del PP, aprobadas también como consecuencia del escándalo Gürtel.

Tres meses después de ese nombramiento, el vigilante de la ética conservadora, el encargado de supervisar los procedimientos de contratación, equiparándolos a los de las administraciones mediante la aplicación de los principios de concurrencia y transparencia, se ha hecho con las llaves de la caja. Como tesorero, puesto que, según fuentes del partido, compatibilizará con el de auditor ético del PP, deberá constituir mesas de contratación para adjudicar los trabajos a la propuesta más ventajosa. Gracias a Rajoy, el vigilante asume ahora la condición de vigilado.