Julián Lanzarote Sastre es un alcalde un tanto peculiar. Lleva ganando elecciones municipales, con total claridad y rotundidad, desde el año 1995,  lo que ha convertido a Salamanca en un feudo del PP. En los últimos comicios de mayo de 2007 volvió a repetir mayoría absoluta. Es más, aunque pierda en número de votos, gana en cada elección más concejales al PSOE. Sin embargo, en el último mes ha logrado que miles de personas le reprochen en la calle su actitud. Desde el 18 de noviembre se han congregado en la Plaza Mayor salmantina, en tres concentraciones diferentes, 15.000, 20.000 y 10.000 personas para pedir su dimisión y criticar sus modales “dictatoriales”.

Pese a la rotundidad con la que gana las elecciones, el alcalde siempre se ha visto rodeado de polémica. En la mayoría de las ocasiones estaba relacionada con decisiones controvertidas, con una gestión económica salpicada de dudas y con planteamientos ausentes de consenso y diálogo.
A finales de octubre pasado, uno de los periódicos de Salamanca informaba de que Julián Lanzarote tenía intención de subir el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el autobús, la recogida de basuras y el agua a partir del mes de enero. En un principio no estaba claro si se trataba de un globo sonda o de una de las muchas decisiones que toma el regidor sin diálogo previo y sin consenso. Ese mismo mes, el auténtico ideólogo de la subida de impuestos, el concejal de Economía y Hacienda y portavoz municipal, Fernando Rodríguez, ya afirmaba con total claridad que “es razonable subir el IBI 45 euros de media”.

Curiosa coincidencia
Esa noticia se hacía pública un mes después de que el PSOE local diera a conocer que el Ayuntamiento salmantino perdía millones de euros por no reclamar a diversos constructores el dinero correspondiente a unas transferencias urbanísticas en la capital [el anterior Plan General de Ordenación Urbana permitía transferir de un solar a otro la edificabilidad para poder aumentar así la superficie construible. A cambio, el promotor tenía que entregar al Ayuntamiento los terrenos sin edificabilidad]. Entre los beneficiados por esta condonación de deuda estaba un amigo de Julián Lanzarote, que además le había cedido al alcalde un chalé en Marbella (Málaga) para que disfrutara de sus veraneos.

Poco a poco fueron conociéndose más datos de este beneficio a empresarios: cerca de 20 millones de euros (más de 4.200 millones de pesetas) dejó de ingresar el Consistorio por permitir que prescribieran expedientes abiertos a una veintena de promotores urbanísticos, que no saldaron sus deudas de edificabilidad. La respuesta municipal fue un tanto inverosímil: el PSOE no debe quejarse porque las transferencias urbanísticas fueron puestas en marcha por el ex alcalde socialista Jesús Málaga.

Mientras los vecinos, a través de la federación de asociaciones vecinales, empezaba a tomar iniciativas para hacer frente a esta “nueva barbarie”, como llegaron a calificar la propuesta de subida de impuestos, desde el Ayuntamiento se empeñaban en justificar de diversas formas el incremento de tasas: en primer lugar, sólo se fijaron en la subida del autobús; más tarde, dijeron que la calidad de ese servicio había que pagarla; y, por último, Lanzarote volvió a tener la misma fijación que ha lucido en estos últimos cuatro años: Rodríguez Zapatero, porque, según el propio alcalde, el responsable de la subida de impuestos era el presidente del Gobierno, ya que le había negado la financiados de diversas obras municipales.

Campañas publicitarias
La Federación de Asociaciones de Vecinos de Salamanca (Fevesa) ultimaba las medidas de presión contra ese incremento. Y el Ayuntamiento trataba de minimizarlas a través de campañas publicitarias y de ruedas de prensa para presentar grandes proyectos. Los vecinos han organizado tres concentraciones para culpar a Julián Lanzarote de un “desastre” en la gestión económica que han llevado al Consistorio a una situación complicada. En estos dos meses de ‘revuelta’ social, se le ha recordado al alcalde salmantino la importante cantidad de sentencias condenatorias contra el Ayuntamiento. Y es que Lanzarote es una persona que resta importancia a las decisiones judiciales cuando cree tener la razón. Es más, culpa a los que inician las demandas ante la Justicia —en la mayoría de los casos, colectivos ecologistas— porque, según él, paralizan el desarrollo de la ciudad. Pero el Consistorio ha tenido que pagar algunos millones de euros por decisiones contrarias a la Ley y adoptadas por Julián Lanzarote y su equipo de Gobierno.
La semana pasada se aprobó el incremento de diversas tasas, pese a que una semana antes, el alcalde descartaba la subida del precio del autobús, porque, según el alcalde salmantino: “Hemos  sabido escuchar”. Pero los vecinos, con los que sólo se ha reunido una vez, mantendrán las movilizaciones. Y ahora piensan en ir a Madrid para recordar a Mariano Rajoy, que uno de sus alcaldes no le sigue en su planteamiento de no subir los impuestos.

Y es que la actitud de Julián Lanzarote ha ido en contra de su propio partido. Destacados miembros del PP en Castilla y León han asegurado a este periódico que se vieron sorprendidos por la decisión del alcalde salmantino. Es más, le pidieron que antes de poner en marcha el icnremento de tasas lo hablara con la dirección regional. El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, también le reclamó que atendiera a los vecinos. Pues ni eso. Hasta el propio Pío García-Escudero, portavoz del PP en el Senado, le pidió que reconsiderara su postura. Pero Lanzarote le contestó que esas declaraciones  eran “desafortunadísimas”. Pero unos días antes, y delante de los militantes salmantinos del PP, reconoció “haber metido la pata hasta el corvejón”. Sin embargo, en el pleno  mantuvo la subida de impuestos. El alcalde  vuelve a estar en contra de todos, ve enemigos en todos los lados, pero a diferencia de otras veces en esta ocasión se está quedando sin el apoyo de los salmantinos y de su partido.