El sector vitivinícola español mostró hoy su satisfacción ante la Organización Común de Mercado (OCM) del vino finalmente aprobada, que recoge algunas de las principales demandas de la delegación española, entre ellas, la presupuestaria y las referentes a la destilación de alcohol de uso de boca.

Con avances importantes respecto a la propuesta inicial de la Comisión, los viticultores valoraron que la liberalización de viñedo se retrase hasta 2015, fecha que algunos países pueden ampliar hasta 2018, aspecto que no es acogido con tanta satisfacción por algunos bodegueros.

El responsable vitivinícola de la Confederación de Cooperativas Agrarias de España (CCAE), Joaquín Hernández, indicó que su organización está contenta porque las organizaciones regionales tendrán competencias para gestionar parte del cheque nacional, aunque aseguró que "habrá que esperar a conocer como maneja este tema el Gobierno español".

Hernández lamentó que "se haya perdido una buena oportunidad para eliminar la chaptalización", que continúe la destilación de crisis, que demandaba Francia y que a Italia se le hayan dado ayudas para el mosto, y criticó aspectos como las ayudas a los viticultores, ligadas a compromisos con destiladores.

Por su parte, el responsable de vinos de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA), Fernando Villena, acogió con satisfacción la ayuda a los viticultores, que después se transformará en pago único, una medida que esta organización reclamaba y, en principio, ve aspectos positivos en la última propuesta.

Recordó que "ahora hace falta desarrollar correctamente esta OCM, lo que tendrá sus complicaciones y complejidades", e hizo hincapié en la necesidad de seguir trabajando para que esta reforma se lleve a cabo de forma que favorezca a los productores.

El portavoz vitivinícola de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Alejandro García-Gasco, consideró que la reforma aprobada contiene buenos avances para España, como el hecho de recoger un periodo transitorio, así como que se destinen fondos del desarrollo rural para financiar la destilación de subproductos durante cinco años.

Así mismo valoró el incremento presupuestario para España, ya que en 2009, sin contar las ayudas para el arranque, contará con 229 millones de euros, mientras que para 2015 ascenderá a 400 millones de euros y dijo que es un avance que no entre en vigor hasta el 1 de agosto de 2009.

El secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Lorenzo Ramos, señaló que ha habido un "avance sustancial y positivo" para España, tanto en el tema del plazo transitorio como en lo que respecta a rebajar la partida del sector destinado a desarrollo rural.

Hizo hincapié en que es muy importante para España haber logrado un periodo transitorio de cuatro años para las ayudas de destilación de vino con destino al mercado de brandy y licores y consideró importante que la liberalización de viñedos se retrase hasta 2015 e incluso hasta 2018 a nivel regional.

El secretario general de la Federación Española del Vino (FEV), Pau Roca, comentó que la propuesta inicial, criticada por el sector productor, "era muy buena", pero el resultado final era el posible y se ha recuperado bastante el "statu quo" de la anterior OCM, criticada por la propia Comisión, pero "ahora toca ser pragmáticos".

Roca, respecto a la liberalización de viñedos, uno de los puntos en los que su asociación hizo mucho hincapié, indicó que aunque el plazo máximo para su eliminación es de 2018 algunos países podrán optar a acortar este plazo y destacó que en el tema presupuestario España ha conseguido su objetivo.

El secretario general de la Asociación de Bodegas de Vinos de España (AVIMES), Rafael Puyó, valoró que la Comisión aumente a cuatro años el periodo transitorio para las ayudas, que es "muy coherente" y que el pago único al viticultor esté ligado a contratos con bodegas para asegurar la viabilidad del sector.

No obstante, echó en falta referencias claras sobre medidas de promoción en el ámbito comunitario, así como que las restituciones (ayudas a la exportación) no queden consolidadas hasta 2013, si bien se felicitó porque finalmente entre en vigor el 1 de agosto de 2009, con lo que quedará tiempo para desarrollar los reglamentos de aplicación".

El presidente del Consejo Regulador de la Denominación Brandy, Evaristo Babé, valoró el trabajo realizado por la delegación española con la ministra de Agricultura, Elena Espinosa, a la cabeza, ya que conseguir mantener las ayudas a la destilación de vino con destino al mercado durante un periodo transitorio es muy importante.