Esta semana las clínicas privadas que practican abortos no realizarán estas intervenciones. Desde hoy, y hasta el próximo sábado, 32 centros de toda España cierran sus quirófanos, aunque los centros de Catalunya, donde ayer no fue día festivo, se adelantaron una jornada.

Los centros no han evaluado cuántos abortos se dejarán de practicar esta semana. “Funcionamos prácticamente en el día a día”, explica Francisca García Gallego, de la clínica GineGranada, y vocal de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo, ACAI,  en Andalucía. El año pasado, abortaron en España 101.592 mujeres. El 97,5% lo hizo en centros privados. Dependiendo de la comunidad, las clínicas privadas son concertadas o, en otras, la administración devuelve el coste a la paciente tras la intervención.Los centros, en su gran mayoría integrados en la ACAI, protestan así por la situación de inseguridad jurídica de los profesionales del sector. Además, según denuncian en un comunicado, “ni el Gobierno ni la Consejería de Sanidad de Madrid garantizan el derecho de las mujeres al aborto”.

Protestamos para apoyar a las clínicas de Madrid”, explicó ayer el doctor Santiago Barambio, médico de la clínica Tutor de Barcelona y miembro de la junta de ACAI. El pasado mes de diciembre, el Gobierno de Esperanza Aguirre suspendió las actividades abortivas de dos clínicas madrileñas: el Instituto CB Medical y la Clínica Mayrit. Ambas actuaciones estuvieron precedidas por denuncias de grupos provida. La administración madrileña denunció irregularidades y las inspecciones “rutinarias” se extendieron como la pólvora. También las denuncias. Los centros abortivos de Madrid cerraron el año con concentraciones a sus puertas: velas rojas y rezos. Algunas amanecieron forradas de pegatinas que les tachaban de “matadero” o “centro de exterminio”.

Barambio también explica que con la protesta, las clínicas pretenden que se visualice su trabajo, “siempre salimos en los medios por cosas negativas”, lamenta. El tercer motivo del cierre patronal es “presionar para que replantee la legislación española, para que los profesionales que dan este tipo de servicios no sean criminalizables, y que las españolas no pierdan accesibilidad a su derecho”, explicó el doctor.

La chispa saltó en Barcelona

Desde que la legislación española despenalizó el aborto, en 1985, la derecha cristiana se ha opuesto. Las quejas crecieron en noviembre, cuando la Guardia Civil desmontó una trama de abortos ilegales en Barcelona.

El aborto está permitido en España en caso de violación, problemas graves para el feto  o riesgo para la madre, en cuyo caso no hay plazo límite para abortar. En las clínicas que dirigía el doctor Morín en Barcelona se realizaban abortos, supuestamente, sin que se hubiesen detectado riesgo para la madre.

En este episodio, grupos antiabortistas denunciaron actuaciones macabras que no se demostraron, aunque la investigación continúa abierta. Un mes más tarde, cuando las denuncias se trasladaron a Madrid, el debate sobre una posible reforma de la ley del aborto cobró fuerza. El Gobierno dio un paso adelante, luego retrocedió. En dos meses habrá elecciones y el debate se ha congelado.