Los funcionarios de la Agencia Andaluza del Agua, dependiente de la Junta, que recibió la transferencia del río Guadalquivir, no hablan de otra cosa. Tampoco el 25% de ellos que prefirió quedarse en el organismo estatal que hasta entonces gestionaba los 56 embalses de la cuenca, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). Todos se preguntan lo mismo: si la sentencia del Constitucional implica que la gestión debe volver a la CGH, ¿volverán ellos a ser retransferidos con el río?
Hasta que se transfirió la cuenca, era la CHG la que tenía la potestad de fijar cuánta agua y a qué precio se le concedía a los usuarios: municipios y regantes. Por su parte, a la Junta de Andalucía le correspondía después la gestión del abastecimiento del agua a los usuarios y su posterior saneamiento y depuración. Pero el control del agua de lo que el presidente Griñán llama “el río andaluz” estaba en manos del Estado.
Es cierto que la cuenca del Guadalquivir abarca todas las provincias andaluzas. El 52% de sus habitantes, más de 4,1 millones de andaluces, dependen de sus aguas. El 47,5% de su agua de riego se destina al principal recurso económico de la región tras el turismo: el olivo. Pero un 10% de la cuenca cae fuera de Andalucía, abarcando tres comunidades autónomas y cuatro provincias: Badajoz en Extremadura, Ciudad Real y Albacete en Castilla-La Mancha, y Murcia. Precisamente por eso, y a sabiendas de que la Constitución española establece que las aguas que corran por más de una comunidad son competencia exclusiva del Estado, la transferencia del Guadalquivir se hizo rompiendo la unidad de cuenca.

Encaje constitucional

De los 56 embalses que regulan la cuenca, cuatro de ellos no pasaron a Andalucía y siguieron siendo gestionados por la CHG. Dos están en territorio andaluz, El Pintado y Jándula. El primero, porque, aunque la presa está en Sevilla, buena parte del embalse ocupa tierras extremeñas y, además, toda su cuenca de aportación se llena con lluvia que cae sobre Extremadura. El segundo, porque parte de su agua abastece riegos de Ciudad Real. Aguas arriba, otros dos embalses vierten aguas al de Jándula. Son los de Fresneda y Montoro, ya en tierras de Ciudad Real. Por tanto, también quedaron bajo el control de la CHG para evitar problemas de constitucionalidad.
Hoy, parte de la cuenca se gestiona, pues, a través de un organismo del Estado, la CHG, y otra parte a través de la Agencia Andaluza del Agua, organismo autonómico. La unidad de cuenca está rota. Por eso, en la toma diaria de decisiones, los funcionarios que gestionan los distintos pantanos, unos dependientes del Estado y otros de la Junta de Andalucía, han de coordinarse.
A la Junta, por ejemplo, le corresponde pedir a la CHG que desembalse de El Pintado cada vez que toca aportar agua al Viar, zona regable de la provincia de Sevilla para la que en su día se levantó la presa.
Problema de coordinación
Parece, pues, que se trata de un problema de coordinación entre distintas administraciones. Pero podría ser peor. ¿Qué pasaría si Extremadura decidiese hacer un embalse, o una toma, aguas arriba de El Pintado y se quedase el agua para sus propios riegos? Son esos problemas entre comunidades autónomas (en un país que ya sufre guerras de agua como la generada por el trasvase Tajo-Segura) los que el principio de unidad de cuenca proclamado en la Constitución, y defendido ahora por el Constitucional, pretende evitar.
Es esa la razón por la que la Junta de Andalucía se enfrenta ahora al más que probable escenario de tener que desandar el camino y devolver la cuenca del Guadalquivir y los funcionarios que se ocupan de ella a la Confederación Hidrográfica.