El mercenario sudafricano de origen británico Simon Mann cambió en las últimas horas la cárcel de Zimbabue en la que estaba detenido desde 2004 por los calabozos de Guinea Ecuatorial.

Sus abogados denunciaron hoy que Mann fue enviado a escondidas a Malabo en la madrugada del jueves para responder a las acusaciones por liderar una intentona golpista en Guinea Ecuatorial en marzo del 2004, que fue frustrada cuando el grupo de mercenarios fue detenido en una escala en Zimbabue.

Los abogados no conocieron el traslado del preso hasta hoy. Estaba aún pendiente un recurso de apelación ante la Corte Suprema de Justicia para evitar la extradición a Guinea Ecuatorial, aprobada antes por otras instancias judiciales.

Uno de los letrados que defendía a Mann en Zimbabue, Johathan Samkange, asegura que la extradición de su defendido a Malabo, que calificó como un "secuestro", fue tan irregular que presentarán una queja ante la Comisión de la Unión Africana.

"El secuestro (de Mann) es una violación directa de sus derechos", afirmó hoy el letrado en declaraciones a los periodistas.

Mann, de 55 años, un ex oficial de las fuerzas especiales del Ejército británico, lleva peleando con la justicia de Zimbabue desde que fue detenido en marzo del 2004 al frente de 60 mercenarios que se dirigían a Malabo para deponer al presidente ecuatoguineano, Teodoro Obiang.

Sus intenciones se conocieron gracias a testimonios de personas supuestamente vinculadas con esta intentona, entre ellos Mark Thatcher, hijo de la ex primera ministra británica Margaret Thatcher y que fue acusado de participar en la financiación de la operación.

Mann, primero, afrontó los cargos que le imputaban las autoridades de Zimbabue por violar las leyes de seguridad del país, como el intento de adquirir armas de guerra sin los certificados correspondientes.

Cuando quedó libre por estos cargos, en mayo del 2007, siguió encarcelado porque Guinea Ecuatorial había presentado previamente una petición de extradición.

El Tribunal Superior de Harare ratificó el miércoles pasado la extradición, que había aprobado el año pasado un juez de primera instancia, pero los abogados presentaron a primera hora del jueves un nuevo recurso, esta vez ante la Corte Suprema.

Sin embargo, en ese intervalo, en la madrugada del jueves, cuando Mann fue introducido en un avión de la Fuerza Aérea de Zimbabue y enviado a Malabo.

"Estoy pidiendo a las autoridades correspondientes que presenten a mi cliente sin demoras", solicitó hoy su abogado, una petición que difícilmente puede ser cumplida por el Gobierno de Harare.

"Ni siquiera Guinea Ecuatorial tiene jurisdicción para juzgar a una persona secuestrada", añadió Samkange, que insistió en que cuando Mann fue deportado a Malabo ni siquiera fueron informados sus abogados.

Según el letrado, Mann fue entregado a funcionarios de Guinea Ecuatorial en la base aérea de Manyame, cerca de esta capital, y desde allí voló hacia Malabo.

La oficina del Fiscal General no ha hecho comentarios sobre el traslado de Mann a Malabo. Curiosamente, el periódico gubernamental "The Herald" publicó hoy una viñeta que representaba a Mann y que anticipaba que sería deportado.

La extradición de Mann se conoce meses después de que los Gobiernos de ambos países iniciaran una serie de pasos para fomentar su cooperación y vínculos diplomáticos.

Zimbabue atraviesa la peor crisis económica de su historia, y necesita, entre otras cosas, combustibles. Guinea Ecuatorial, por su parte, es uno de los principales productores de petróleo del continente.

Los abogados han apuntado sus críticas hacia uno de los jueces del Tribunal Superior de Harare que ratificó la extradición, Bharat Patel, porque cuando Mann fue procesado en Zimbabue, el fiscal general interino era Patel.

La defensa de Mann ha venido peleando contra la extradición porque asegura que en Guinea Ecuatorial no va a recibir un juicio justo y puede ser torturado.

El único precedente en este caso es el juicio al que fueron sometidos en Malabo a guineoecuatorianos, sudafricanos y armenios, y que fueron sentenciados a distintas condenas por su participación en la intentona golpista.