"Militarizar" el Cuerpo Nacional de Policía (CNP). Y de paso cristianizarlo. Las críticas contra el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, por haber emprendido esta cruzada al interior de la fuerza pública no han cesado durante los últimos meses. Y ahora prepara una nueva vuelta de tuerca: el anteproyecto de Ley de Personal. Más allá de la opinión ciudadana, con estas medidas ha vuelto a ponerse en contra a las propias organizaciones sindicales de los policías, que ya acumulan una larga lista de agravios y descontentos contra el ministro y el director general de Policía, Ignacio Cosidó, que van desde las denuncias por falta de diálogo a irregularidades en las condecoraciones o las gestiones del orden público.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP), el mayoritario del cuerpo, ha declarado Conflicto Colectivo de trabajo en el CNP, lo que obliga al ministro a convocar un pleno del Consejo de Policía, él mismo es el presidente, y escuchar cuáles son las razones del sindicato para oponerse a esta ley. "Hemos tomado la decisión de ir al conflicto colectivo por el malestar creciente que hay entre los policías", asegura Miguel Ángel Fernández, secretario de Acción Sindical del SUP. El problema viene de lejos: "las normas que están aprobando se encaminan hacia la militarización del cuerpo, como la nueva uniformidad o las bajas sin asistencia. Y el colofón ha sido este anteproyecto de de Ley de Personal que nos quiere paralizar la carrera profesional", añade.

La "militarización" que denuncian se traduce en diversos aspectos en la vida de los agentes. Desde que Jorge Fernández Díaz entró en el Ministerio se han empezado a importar algunas costumbres castrenses, como escuchar canciones y marchas militares en los actos de jura, en los que ahora además la personalidad va con un bastón mando. También se han encargado nuevos uniformes de un estilo "más militar" y en los que las insignias de las hombreras de los mandos son más visibles. Y, según denuncia el secretario de Acción Sindical del SUP, también quieren cambiar el nombre de Cuerpo Nacional de Policía a Policía Nacional, que es el nombre que tenía cuando era un cuerpo militar. Solo el cambio en los uniformes podría suponer un desembolso de hasta tres millones de euros. 

Algo más de un decena de miembros del SUP (no podían ser más para que no se convirtiera en una concentración ilegal) se han concentrado este jueves a las puertas de la Dirección General de Policía de Madrid, donde se encontraba Miguel Ángel Fernández. Lo mismo han hecho en buena parte de ciudades del país, todas con un mismo mensaje en la pancarta: "Derechos profesionales. No a la Ley de Personal".

Este anteproyecto establece "una pasarela" para que policías autonómicos y municipales entren en la Policía Nacional, debido a que estos cuerpos han sido sobredimensionados por las autoridades locales. Se trata de un parcha para solucionar los errores políticos y que conllevará que la carrera profesional dentro del cuerpo se ralentice, pues los nuevos agentes se quedarán atascados en las escalas inferiores mientras los mandos intermedios irán siendo ocupados progresivamente por los que vengan de otros cuerpos, que además no habrán pasado por la formación específica del CNP.

Esto ocurre mientras los policías tienen el sueldo congelado, tras la reducción que ya sufrieron. "Todo esto es un recorte de derechos que habíamos adquirido, estamos yendo hacia atrás, a una policía de hace 20 años", denuncia Fernández. Además, con la nueva legislación se pretende retirar a los agentes antes de tiempo si no tienen un puesto de gestión. Antes se les dejaba que siguiesen hasta los 65 años si sus condiciones físicas eran óptimas. Pero a partir de ahora, agentes y oficiales tendrán que retirarse a los 58, subinspectores a los 60, escala ejecutiva a los 62 y los comisarios a los 64. "Pasarán a segunda actividad, que es una situación administrativa con la que pierdes dinero antes de jubilarte. Cuando se supone que toda la experiencia que han adquirido durante su carrera en el cuerpo tendía que ser más valorada y es un añadido", añade.

"El texto es bastante peor que al que nos presentaron en 2012, cuando ya les dijimos que no. Y en cuestión de dos o tres semanas quieren solventar el conflicto y llevar el texto a trámite parlamentario", denuncia mientras el resto de miembros del SUP concentrados frente a la Dirección General hacen sonar sus bocinas y silbatos, ante la mirada de otros agentes apostados en las puertas.

En el manifiesto lanzado por el SUP, en el que se oponen a las medidas de militarización y el anteproyecto de ley, también cargan contra los responsables policiales y políticos por lo ocurrido durante los incidentes tras las Marchas de la Dignidad del pasado 22 de marzo y que se saldó con 67 agentes heridos. "Todo por la incopetencia de algunos mandos y la deficiente coordinación de quienes deberían estar en el lugar adecuado". También han pedido, una vez más, la depuración de responsabilidades "al más anto nivel, policial y político".