El Tribunal Supremo ha anulado el endurecimiento de las medidas contra el dopaje en el deporte aprobado en septiembre de 2009 para respaldar la candidatura de Madrid a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2016, al estimar el recurso interpuesto por la Asociación de Ciclistas Internacinales contra la nueva norma.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha decidido anular por irregularidades en su tramitación el real decreto aprobado el 18 de septiembre de 2009 por el que se modificó la regulación de los procesos de control de dopaje y los laboratorios de análisis autorizados.

Las nuevas medidas eliminaban los controles nocturnos

La nueva norma, entre otros elementos, eliminó la prohibición de realizar controles antidoping entre las once de la noche y las seis de la mañana y fue recurrida por la Asociación de Ciclistas Internacionales.

Los magistrados de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, presididos por Ricardo Enríquez Sancho, destacan "la falta de audiencia a los deportitas, directamente o a través de las asociaciones u organizaciones represenativas, entre ellas la Asociación de Ciclistas Profesionales", antes de la modificación del real decreto. La sentencia hecha pública también subraya "la ausencia de informes o estudios solicitados a estas asociaciones u organizaciones representativas" o "la falta del trámite de información pública".

El TS admite que la norma quiso ajustar la legislación a la normativa internacional

Todas estas irregularidades en la tramitación provocan, a juicio de los magistrados de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que el real decreto recurrido "deba considerarse nulo de pleno derecho".

La resolución destaca que la modificación de las normas antidopaje fueron aprobadas en el momento en que Madrid era candidata a la organización de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2016 -adjudicados finalmente a Río de Janeiro- y con el objetivo de ajustar la legislación española a la normativa internacional en esta materia.

La candidatura era "respaldada por todas las instituciones del Estado, que habían unido sus esfuerzos para convertirla en un motivo de orgullo para nuestro país y para todo el mundo". "El Gobierno de España aprobó las correspondientes garantías exigidas a la candidatura para poder ser sede de los juegos", señala el Alto Tribunal.