El Supremo fulmina la campaña del PP contra Chaves

El Tribunal Supremo ha desmontado de un plumazo la campaña que había montado el PP, dirigida por Javier Arenas, para dañar la imagen del vicepresidente Manuel Chaves a cuenta de un incentivo de diez millones de euros concedido por la Junta de Andalucía, cuando este la presidía, a la empresa minera Matsa, en la que trabaja como letrada su hija, Paula Chaves. Los conservadores se habían querellado contra el vicepresidente y lo habían acusado de tráfico de influencias y prevaricación. El Supremo ha asumido las tesis de la fiscalía y ni siquiera ha admitido a trámite la querella.

Los cinco magistrados que firman el auto, tras estudiar el asunto, no han encontrado el más mínimo indicio de delito y reprochan, además, a los conservadores que se basen en simples "conjeturas derivadas de la posición de presidente de Chaves" para articular su acusación de tráfico de influencias. Del delito de prevaricación no hay ni rastro, y, además, el PP recibe un varapalo de los jueces, que consideran que las imputaciones eran "genéricas".

Con este auto, aprobado por unanimidad, el Supremo derriba todas las acusaciones que los conservadores han venido sosteniendo durante meses, ayudados por una serie de informaciones erróneas publicadas por el diario El Mundo con preguntas parlamentarias en la Cámara andaluza y en el Congreso y declaraciones públicas. Los conservadores han recriminado en falso durante meses a Chaves que, para permitir que Matsa recibiera el incentivo, había modificado en un acto arbitrario la orden de 19 de abril de 2007, que regulaba las ayudas a empresas que concede la Junta de Andalucía. El Supremo despacha esta acusación con aplastante sencillez. Afirma sobre ella que ni siquiera "alcanza la condición de indicio de hecho denunciado" y recuerda que, tanto la concesión del incentivo como la ratificación por el Consejo de Gobierno andaluz "refieren, de forma expresa, que la concesión se efectúa de acuerdo a la Orden de 19 de abril de 2007", aquella que, según el PP, no servía para la concesión del incentivo.

Los conservadores también alegaban que la cuantía de la subvención se había incrementado irregularmente. El Supremo lo desmiente tajante: "[Está] justificada al incluir obras que en la primera propuesta [de ayuda] no se incluían". El PP sostenía además que Chaves debía haberse ausentado del Consejo de Gobierno que ratificó la ayuda. Los magistrados subrayan que "la falta de abstención [de Chaves] no constituye en el presente caso presupuesto de prevaricación. La ausencia de abstención no [conlleva] injusticia".

La decisión supone un duro revés para Arenas, que convirtió por momentos la subvención en el tema principal de su labor de oposición. Los conservadores llegaron incluso a pedir la dimisión de Chaves y una comisión de investigación por este asunto.