Las operadoras de telefonía están en estado de alerta. La guerra con los ayuntamientos que han decidido desplegar una red de acceso a internet pública (normalmente a través de tecnología inalámbrica wifi) se complica. Una conexión a la red gratis no es sólo un posible cliente menos de ADSL o cable. Aunque de momento la normativa limita la conexión pública a una velocidad de 256 kbps (lo que complica el acceso a determinados programas en condiciones óptimas), el wifi gratis podría ser una dura competencia a las llamadas de pago gracias a programas de voz en internet como Skype y a los teléfonos móviles que permiten conectarse a redes wifi.

Las elecciones locales son el momento perfecto para las promesas y para que se sumen nuevos consistorios a los 347 ayuntamientos que ya tienen licencia de operador de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), requisito imprescindible para dar acceso público a internet. Según los cálculos realizados por este periódico, los citados municipios suman más de 7,5 millones de habitantes.

Ante este panorama, las cuatro telefónicas agrupadas en el lobby Redtel (Telefónica, Vodafone, Orange y Ono) han decidido pasar a la acción y elaborar un documento, al que ha tenido acceso Público, que será entregado a los responsables políticos para que se piensen bien lo que ofrecen en la campaña electoral. En él recuerdan que entre las cuatro operadoras invirtieron "7.082 millones de euros en redes entre 2008 y 2009", el "75% de la inversión total del sector" y que la piensanrentabilizar.

El documento está plagado de advertencias a "los responsables de las corporaciones locales y autonómicas" que quieran fomentar el desarrollo de la Sociedad de la Información. En una época de ajustes presupuestarios como la actual, Redtel recomienda que las acciones se efectúen "sin que ello requiera esfuerzos presupuestarios" ni utilizar "el privilegio de recurrir a financiación pública en condiciones discriminatorias". ¿Cómo? Poniéndoselo mejor a ellas, "adoptando un papel de facilitador de la inversión privada con la disminución de normas y del coste de las obligaciones administrativas", comentan.

Además, advierten, la iniciativa está en muchos casos condenada al fracaso. "La ausencia de demanda real por parte de los usuarios, la incapacidad de establecer modelos de negocio viables y la competencia de otros agentes son las principales causas de la paralización y fracaso de los proyectos de redes públicas", explica Redtel, que cita el caso del Ayuntamiento de Chantada en Lugo y la paralización del proyecto de cobertura de 13 municipios. El documento recoge también como advertencia el caso "del Ayuntamiento de Málaga, multado con 300.000 euros por no inscribirse en el Registro de Operadores de la CMT". Un error que, según fuentes de la propia CMT,coincidió con la consulta para establecer las normas de las redes públicas. No ha habido más sanciones.