La Televisión del Principado de Asturias (TPA) se asfixia y, si el Parlamento autonómico no encuentra una forma de aliviar su opresión, la cadena pública dejará de existir en cuestión de semanas. Una decisión política del nuevo Gobierno presidido por Francisco Álvarez-Cascos (Foro Asturias) ha congelado todas las partidas presupuestarias que necesita para pagar su funcionamiento hasta diciembre.

El Principado decidió hace 15 días retener 11,3 millones de euros sin los que será posible hacer frente a las nóminas de la plantilla o a los compromisos firmados con productoras y otros proveedores. Esa cantidad representa aproximadamente un tercio del presupuesto anual de la cadena, y su pérdida sin previo aviso supone un duro golpe que bloquea su funcionamiento. Los espectadores ya han empezado a notar el empobrecimiento de la parrilla. Lo peor es que están en juego unos 700 empleos del incipiente sector audiovisual de la región.

Los impagos, en realidad, empezaron en agosto. Al principio, la cadena capeó la situación con sus excedentes de tesorería, pero esos fondos se agotaron. La plantilla, de 90 empleados públicos, no cobra su sueldo desde septiembre. Las productoras privadas que aportan sus medios técnicos o recursos humanos a TPA tampoco han percibido el importe de sus contratos. Algunas se han quedado sin dinero para los salarios de sus trabajadores (suman unos 600). E incluso una de ellas, que realiza el magacín Conexión Asturias, ya ha anunciado 20 despidos.

En la pantalla también empieza a notarse el tijeretazo, y lo hace justo esta semana de gran volumen informativo debido a la entrega en Oviedo de los premios Príncipe de Asturias, que tienen lugar hoy. La cadena, que desde su nacimiento en 2005 había dedicado una cobertura minuciosa al acontecimiento de mayor relevancia social del año en la región, ha tenido que cancelarla. Se limitará a emitir la ceremonia con la señal institucional facilitada por TVE, y renuncia a sus programas especiales.

Además, el seguimiento de la campaña electoral y la presentación de los resultados del 20-N se reducirán al mínimo. En deportes, el fútbol modesto desaparece. Y las grandes competiciones (Champions League, Liga BBVA, F1) estarán menos tiempo en el aire

El Ejecutivo regional presenta la congelación de las transferencias de fondos a la tesorería de TPA como parte de un recorte más amplio del gasto público, valorado en 157 millones de euros, para cumplir a finales de año el objetivo de déficit. "Son partidas prescindibles frente a la educación, la sanidad y los servicios sociales", defiende el consejero de Hacienda, Ramón del Riego.

"La politización es uno de los motivos que explican el bloqueo de la situación. Lo que queremos es que dejen de usarnos como arma arrojadiza con intenciones partidistas", explica el presidente del comité de empresa de TPA, Óscar Vega. Por ese motivo, los trabajadores quieren que el futuro de la cadena se aborde en términos de servicio público y sostenibilidad.

El cierre del canal constaba en el programa electoral de Álvarez-Cascos y toda la oposición (PSOE, PP e IU) sospecha que los motivos económicos sólo son una excusa para ponerlo en práctica. Los tres partidos, que suman mayoría absoluta, se han unido en el Parlamento para presentar una moción que insta al Gobierno a reconsiderar su decisión y transferir el dinero a TPA. "La televisión se creó por una ley parlamentaria, y sólo el Parlamento podría cambiarla o cerrarla. La obligación del Gobierno es cumplir las normas. Si quiere modificarlas, debe negociar, buscar aliados y proponerlo en la Cámara", afirma el socialista Fernando Lastra. Además, el Consejo de Administración de la televisión ha presentado ocho recursos por la vía contenciosoadministrativa contra la resolución.

Pese a que Del Riego ha presentado la cuestión en términos apocalípticos "hospitales o televisión", el presupuesto anual de TPA es de 38 millones de euros. Una cifra alejada de los dispendios de otras autonomías.