El ingeniero Rodolfo Lozada, encargado de evaluar proyectos públicos, involucró hoy a la presidenta filipina, Gloria Macapagal Arroyo, en la corrupción en la Administración, durante una comparecencia ante una comisión de investigación del Senado.

Lozada declaró ante los senadores que su jefe, el director de la Autoridad de Desarrollo y Economía Nacional (NEDA, por sus siglas en inglés), Romulo Neri, manifestó durante una reunión el pasado mes de diciembre en Manila que la mandataria se encontraba en el centro de la red de corrupción.

Según el testigo, Neri informó a Macapagal Arroyo de que el entonces presidente de la Comisión Electoral, Benjamin Abalos, le ofreció a finales del 2006 un soborno de 200 millones de pesos (4,9 millones de dólares o 3,3 millones de euros) para que su agencia aprobase un contrato con la empresa china de telecomunicaciones ZTE Corporation, por el que el interesado quería una comisión de 130 millones de dólares.

En aquella reunión del 7 de diciembre de 2007 en la oficina del Asian Institute of Management, en el distrito financiero de Makati, Neri dijo que la jefa del Estado le ordenó rechazar el soborno y olvidarse de él, pero que aprobara el proyecto, de acuerdo con la declaración Lozada.

Neri añadió que la corrupción afectaba a la Policía, las Fuerzas Armadas y la NEDA, y nombró a cuatro empresarios que se han beneficiado particularmente con este Gobierno: Enrique Razon, Lucio Tan, Tommy Alcantara y un miembro de la familia Aboitizes.

Tan controla la aerolínea Philippine Air Lines, Razon preside International Container Terminal y los Aboitizes pertenecen a las familias "mestizas", de origen español, y regentan la empresa Aboitiz Transport System Corporation.

Según Lozada, las conversaciones entre la presidenta y Neri fueron por teléfono y a través de mensajes por el móvil.

El contrato con ZTE lo aprobó al final otro departamento de la Administración en 2007 por 329,48 millones de dólares y se firmó durante un viaje de Macapagal Arroyo a China ese año.

Lozada aseguró en su primera intervención en el Senado, el pasado día 8, que Abalos mantenía al corriente al marido de la presidenta, Jose Miguel Arroyo, y que en su opinión ese proyecto para montar una red de banda ancha no costaba más de 262 millones de dólares.

La Oficina del Defensor del Pueblo comenzó hoy, por orden de la Presidencia, su propia investigación preliminar sobre la obra de ZTE con la asistencia de Abalos y del empresario Jose de Venecia, de la empresa Amsterdam Corporation, que compitió por el mismo contrato.

La defensora del pueblo, Merceditas Gutierrez, se inhibió durante la vista por haber sido compañera de Jose Miguel Arroyo en la Facultad de Derecho y la sesión se suspendió hasta el 4 de marzo porque no se personaron todas las personas citadas, entre ellas Neri, quien envió a sus abogados.

Las revelaciones de Lozada, quien se ha convertido para muchos filipinos en un héroe por denunciar la corrupción en la Administración, han abierto una crisis política que amenaza con truncar el mandato de Macapagal Arroyo antes de las elecciones presidenciales del 2010.