El Tribunal de Cuentas incumple su plan de auditar la Corporación

El Tribunal de Cuentas, máximo órgano de vigilancia de la gestión económica pública, ha incumplido sus propios planes de auditoría en lo que respecta a la Corporación RTVE. De 2008 a 2010 y a iniciativa propia, el tribunal sumó a cada programa anual la fiscalización del grupo audiovisual en el ejercicio 2007. El informe no ha llegado a hacerse, como constatan las memorias anuales del tribunal. Y, en el programa anual aprobado para 2011, su elaboración ha desaparecido del listado de objetivos a cumplir. A lo largo del trienio, el tribunal sí ha fiscalizado organismos como la Fundación Teatro Lírico o la Agencia de Seguridad Alimentaria, de mucha menor relevancia que RTVE, cuyo presupuesto inicial para 2007 superó los 1.200 millones de euros.

El último informe disponible sobre la corporación audiovisual se publicó en 2007. Y analiza sólo el periodo comprendido entre 2002 y 2004.

Público preguntó el viernes a primera hora a los portavoces del Tribunal de Cuentas por qué no se había acometido la redacción del informe sobre RTVE comprometido durante tres años. No hubo respuesta.

Otras fuentes del órgano fiscalizador aportaron en cambio la siguiente explicación sobre lo sucedido: que, en noviembre de 2008, el pleno del tribunal llegó a aprobar las directrices para esta fiscalización, es decir, la metodología aplicable atendiendo al régimen jurídico que marcaba la ley 17/2006, por la que el hasta entonces ente público quedó transformado en corporación audiovisual.

A tenor de ese relato, el encargado de dirigir los trabajos como responsable del departamento Financiero era el consejero y expresidente del tribunal Ubaldo Nieto, elegido a propuesta del PP. Pero las fuentes consultadas aseguran que, aun estando ya aprobadas las directrices de fiscalización, Nieto consideró que no debía realizarse. Su argumento, que había quedado "desfasada debido al nuevo régimen jurídico" de la corporación audiovisual.

El nuevo régimen invocado supuestamente por Nieto quedó plasmado en un real decreto de 2010 que desarrolla la Ley 8/2009 de Financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española. Esa ley introdujo un cambio estructural en el modelo de financiación del grupo audiovisual público al establecer un sistema de ingresos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a los que se añaden las aportaciones de los operadores del sector. La supresión de la publicidad es el aspecto más conocido de la ley.

El tribunal sí ha fiscalizado otras áreas públicas de menor relevancia

Este diario no ha podido confirmar si, de existir, la decisión de Nieto fue refrendada por el pleno del tribunal. Ni si, en ese caso, el frenazo a la auditoría contó con la unanimidad de sus miembros, todos ellos, salvo uno de "consenso", elegidos a propuesta del PP que tiene mayoría o del PSOE.

De aplicarse con carácter general el criterio de aparcar auditorías por cambio de regímenes jurídicos, el tribunal jamás podría fiscalizar ningún departamento, organismo, agencia o empresa pública cuya normativa básica haya sufrido modificaciones. La de RTVE "se pudo hacer teniendo en cuenta el régimen jurídico vigente en 2007", subrayan los expertos consultados.