La sentencia del Tribunal Superior de Justicia valenciano anulando el Plan Especial de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto de València y reafirmando, que estos terrenos no han dejado de ser nunca zona agrícola de especial protección, no es la primera resolución judicial en este sentido, pero podría ser la definitiva. Aunque, el camino de la reversión, tampoco será fácil.

Por ahora, los antiguos habitantes de La Punta –quienes demandaron judicialmente contra la expulsión de sus casas a través de la Asociación de Vecinos La Unificadora– han pedido "responsabilidades políticas" y "la reparación de los afectados", después de 28 años de lucha en que a algunos se han dejado literalmente la vida, tal como recordó Mireia Vidal, miembro de La Unificadora en la rueda de prensa de valoración de la sentencia. De hecho, su intervención empezó leyendo los nombres de todos los vecinos desalojados que ya no han llegado a ver nunca este momento.

Con esta sentencia se puede cerrar la gran herida que el larguísimo mandato de Rita Barberá dejó abierta a la sociedad valenciana. La destrucción de la huerta de La Punta –una de las más fértiles de la ciudad–, el derribo de las casas y la expulsión de sus vecinos que resistieron hasta el último aliento para construir una ZAL que era "vital" para el desarrollo y crecimiento del puerto pero que en realidad nació muerta. La prueba es que 28 años después de aquellas expropiaciones por la vía de máxima urgencia, todavía no se ha construido ni una sola nave. "Recuerdo perfectamente aquellas reuniones con [Rafael] Aznar [entonces presidente de la Autoridad Portuaria], [Rita] Barberá [alcaldesa de València] y [Francisco] Camps [entonces delegado del Gobierno] y cómo ejecutaron los desalojos simplemente como una prueba de autoridad, puesto que entonces ya se veía que aquella ZAL era innecesaria e inútil", explica el abogado Antonio Montiel, experto en temas urbanísticos y que entonces representaba los afectados.

Esta batalla judicial, sin embargo, no es la primera que ganan La Unificadora y Montiel. Ya en 2013, el Tribunal Supremo anuló la recalificación de los terrenos agrícolas en industriales. Y en 2015, una nueva sentencia del TSJCV profundizó en esta línea. Todavía hay pendiente de resolución otra demanda de la asociación Per l'Horta y todos los cálculos apuntan que será coherente con las anteriores. "Después de las anteriores sentencias, tanto la autoridad portuaria como los Gobiernos de turno [el PP el 2013 y el Botànic el 2015] asumieron que eran problemas de forma, y continuaron manteniendo el Plan Especial, intentando forzar la situación a través del que se denomina 'fuerza normativa de lo fáctico', pensando que los juzgados asumirían que como que ya está hecho, daría igual que estuviera mal hecho", continúa detallando Montiel.

Ahora, sin embargo, podría ser diferente. Hasta el momento, los sectores políticos que se oponían a la ejecución ZAL y defendían la restitución de La Punta se limitaban a Unidas Podemos y un sector minoritario de Compromís. Ahora, tras la resolución del TSJCV, se ha visto un giro copernicano en la posición de esta última formación. Primeras espadas con responsabilidades de gobierno, como el alcalde de València, Joan Ribó, o la consejera de Transición Ecológica, Mireia Mollà, han apostado públicamente y de forma clara, por la paralización de las obras y "repensar" el proyecto. La portavoz parlamentaria valencianista, Papi Robles, ha pedido a la Generalitat que asuma la sentencia y no la recurra, mientras que Mollà ha propuesto destinar fondos europeos para la renaturalización de La Punta, arguyendo que se justificaría como una obra de adaptación al cambio climático. Aún así, fuentes de Compromís avisan que transitar el camino abierto "no será fácil". "Habrá que ver qué dice la Abogacía de la Generalitat de la nueva situación jurídica, cómo y quién paga esta reversión y otras muchas cosas, pero también es cierto que ahora es el momento de abrir un proceso para ver que hacemos e ir hacia un corredor verde".

El cambio de posición de Compromís es importante pero no suficiente. Por ahora, el PSOE, socio principal del Botánico, ha mantenido ante la sentencia un perfil muy bajo, sin declaraciones contundentes de sus principales dirigentes. Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria, Aurelio Martínez, ha "lamentado" la sentencia y ha defendido un proyecto "medioambientalmente sostenible y que generará 1.500 puestos de trabajo". También ha convocado al Consejo de Administración para la semana próxima, momento en el cual es probable que tome una posición más concreta.

"Ahora hace falta que Ximo Puig siga los pasos de Compromís y entienda que recuperar La Punta beneficiará toda la ciudad –explica el miembro de Per l'Horta, Josep Gavaldà– y con un coste similar al que supone seguir adelante con las obras". Este activista, además, lanza un aviso a las autoridades portuarias: "La anulación del Plan Especial de la ZAL ha sido por no tener una Declaración de Impacto Ambiental como tocaba. Es profundamente imprudente que el Puerto pretenda empezar las obras de ampliación, cuando estas están judicializadas. En unos años nos podemos encontrar con la misma situación que ahora con La Punta".