El ultraderechista noruego Breivik será juzgado este lunes

El ultraderechista noruego Anders Behring Breivik, autor confeso de la muerte de 77 personas, será juzgado este lunes en el proceso judicial más extenso del país escandinavo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.

Para encontrar un precedente que se le asemeje hay que recurrir al proceso contra los miembros del partido pro nazi Unión Nacional, al mando del país durante la ocupación alemana, y que acabó con miles de personas condenadas por traición a la patria. El 22 de julio de 2011 Breivik hizo explosionar un coche bomba en el complejo gubernamental de Oslo que causó la muerte a 8 personas. Inmediatamente después se trasladó a la isla de Utøya, a 45 kilómetros, donde disparó de forma indiscriminada y mató a otras 69, la mayoría jóvenes del Partido Laborista que participaban en una convención.

Tras su detención, un registro en su casa permitió a la policía trazar un perfil del asesino confeso. En foros de internet, este noruego de 33 años que en el pasado había sido responsable local de las juventudes de un partido populista, dejó rastro de sus  "opiniones hostiles hacia el islam", al que equiparaba con el nazismo y el fascismo. "Es muy hipócrita tratar a los musulmanes, nazis y marxistas de forma diferente", escribió en otra ocasión, en la que cargó contra los "musulmanes moderados" porque, según él, cualquier día podrían volverse "extremistas".

Breivik es penalmente responsable de los actos, según un informe médico

Desde su detención, unos 250 agentes han participado en los 1.500 interrogatorios a jóvenes que asistían al campamento de las Juventudes Laboristas en la isla de Utøya, escenario central de la matanza de Breivik, que a su vez ha sido sometido 220 horas a cuestionarios policiales. El resultado de la investigación, que habrá costado al menos 13 millones de euros -según los presupuestos-, son 100 carpetas de 500 páginas, que constituirán una de las bases del juicio, precedido por las críticas a la actuación de las fuerzas de seguridad.

A pesar de las reticencias iniciales, la Policía ha acabado reconociendo errores de comunicación y ha pedido perdón. Dos figuras de peso, como el ministro de Justicia y la jefa de los servicios de inteligencia, han dimitido, aunque sin admitir públicamente que fue por los hechos del 22 de julio.

Este nuevo análisis abre la puerta a una condena de cárcel, pues de haber arrojado un resultado similar al primero, que determinó que sufría esquizofrenia paranoide, los fiscales se habrían visto obligados a pedir su ingreso forzoso en un hospital psiquiátrico. El tribunal médico, será, por tanto, determinante en el juicio.