La Corte Suprema de Justicia de Uruguay ha enviado una clara señal a los ciudadanos uruguayos que, dentro de cinco días, votarán a favor o en contra de la vigencia de la amnistía aprobada en 1986.

Al pronunciarse en contra de la constitucionalidad de la denominada Ley de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado en el caso específico de una militante comunista detenida y asesinada en 1974, el máximo tribunal de justicia uruguayo ha abierto las puertas a un posible fin de la impunidad de los genocidas uruguayos que asolaron el país entre 1973 y 1985.

El fallo declara inconstitucional la ley que amnistió a los torturadores

El fallo, que declara inconstitucional la ley, fue conocido en la tarde del lunes y responde a una petición de la fiscal penal Mirtha Guianze y de la familia de la joven comunista Nibia Sabalsagaray, quien fue detenida por el Ejército el 29 de junio de 1974 y cuyo cuerpo sin vida apareció 12 horas después en una celda de la unidad militar a la que había sido trasladada.

Como la ley, votada por el Parlamento en 1986 y refrendada por escaso margen a favor en un plebiscito en 1989, impedía investigar la responsabilidad militar en esta detención y muerte, la Corte Suprema decidió declarar la inconstitucionalidad de la norma, aunque no la derogó ni la anuló.

Esta decisión judicial ha abierto un debate de gran trascendencia en la sociedad uruguaya. Buena parte de la población, aproximadamente la mitad, pugna desde hace años por terminar con la impunidad de los aberrantes delitos cometidos por la dictadura.

Con este fallo de la Corte, Uruguay podría estar incorporándose, aunque tardíamente, a la corriente que empuja con mucha fuerza esta lucha en Argentina y Chile.

El caso es que los uruguayos irán a las urnas el próximo domingo para elegir un nuevo presidente y un nuevo Parlamento y, al mismo tiempo, votarán en plebiscito si quieren que la ley de amnistía continúe vigente o si están a favor de su anulación.

La derecha anuncia que iniciará una batalla judicial para evitar su anulación

Es muy posible que el número de sufragios a favor de la anulación supere el 45% de intención de voto que muestran las encuestas para el oficialista Frente Amplio, de centroizquierda, que lleva como candidato a presidente a José Mujica, un ex guerrillero tupamaro. En cualquier caso, el resultado del plebiscito no tiene por qué coincidir necesariamente con la división de preferencias electorales.

En Uruguay, la cuestión del juicio y castigo a los militares de la dictadura despierta distintas sensibilidades. El propio Frente Amplio no emprendió una iniciativa favorable durante los cuatro años de Gobierno del actual presidente, Tabaré Vázquez.

El plebiscito del domingo es el resultado del esfuerzo de grupos sociales y de derechos humanos que, desde 2007, consiguieron reunir firmas de ciudadanos equivalentes al 10% del padrón electoral, para obligar a convocarlo.

Derogación parlamentaria

Los partidarios de la vigencia de la ley de amnistía anuncian una batalla judicial y política si la norma es derogada. Los moderados de centroizquierda y los cerriles de la derecha coinciden, al menos, en que sería mejor, en caso de victoria de los partidarios del fin de la impunidad, que la ley no se anule sino que su derogación sea decisión del Parlamento, tal como lo marca la legislación uruguaya.

Pero, más allá de las consecuencias que pueda generar la decisión popular tras el plebiscito del domingo, lo cierto es que el fallo de la Corte Suprema ha abierto un nuevo escenario para los electores y, probablemente, para el devenir de la historia reciente de Uruguay.