La Cámara de Diputados uruguaya dio ayer el 'sí' a la Ley de Matrimonio Igualitario aprobada en el Senado la semana pasada y convirtió de este modo al país en el décimo segundo del mundo y el segundo de América Latina después de Argentina en permitir que los homosexuales se casen.

La votación parlamentaria se resolvió con el voto a favor de 71 de los 92 legisladores presentes, puesto que al apoyo del bloque oficialista de izquierdas Frente Amplio (FA), impulsor de la iniciativa, se sumó el de un buen número de parlamentarios opositores.

Desde antes del inicio de la sesión, que duró más de cuatro horas, llegaron al Palacio Legislativo defensores de los derechos de los homosexuales para seguir la discusión desde las gradas del recinto parlamentario. Ataviado con un llamativo traje y con un colorido maquillaje en el rostro, un activista de la organización Ovejas Negras, Roberto, afirmó que la ley es 'la frutilla [guinda] de la torta [pastel]' de un largo proceso y demuestra que 'la Iglesia no tiene mucho peso en Uruguay'. De hecho, es una de las primeras naciones de América en separar a esa institución del Estado y que a finales del siglo XIX ya contaba con una educación laica, gratuita y obligatoria.

La norma permite la adopción de hijos a las parejas del mismo sexo y otorga a los dos cónyuges la potestad de decidir el orden de los apellidos de sus hijos y si no se ponen de acuerdo establece un sorteo para fijarlo. También genera controversia el derecho de los hijos a reconocer a su padre biológico en el caso de que la madre, casada con otra mujer, lo tenga en un embarazo por la relación con un hombre, no así en el caso de que se use el método de fecundación in vitro, por la reserva de la identidad de los donantes de esperma. Durante el debate legislativo, el diputado oficialista Nicolás Pereira destacó otro hecho novedoso del texto aprobado y es que permite el matrimonio a partir de los 16 años.

Ya en plena dialéctica, su correligionario Sebastian Sabini afirmó que si el matrimonio fuera sólo para procrear 'tendríamos que prohibir el matrimonio para determinadas parejas'. 'La base de la sociedad es la familia pero no la familia prefabricada', lo apoyó Fernando Amado, del opositor Partido Colorado.

Antes, el también opositor Jaime Trobo, uno de los principales detractores de la ley, y que pertenece al Partido Nacional (Blanco), había afirmado que 'una unión homosexual no es lo mismo que un matrimonio' porque son 'realidades distintas'. Además, criticó el procedimiento legal por el cual se llegó a la aprobación del texto.

La mayoría de los diputados admitió en la sala que la ley aprobada previamente en el Senado contenía errores, lo que en teoría debería haber forzado a los diputados a realizar cambios y a convocar una nueva votación en una sesión conjunta de las dos cámaras (Asamblea General). Sin embargo, se acordó que una vez que se promulgue, se redactará 'una ley modificativa' para su posterior aprobación.

Los más críticos con el proceso consideran que el oficialismo ha intentado precipitar la aprobación de la normativa, como quedó de manifiesto en diciembre pasado cuando se intentó votar de forma apresurada el texto sin que pasara previamente por las comisiones especializadas como es habitual. Otro detractor de la norma, la Iglesia Católica, llegó a pedir a los parlamentarios que profesan esa religión rechazarla porque va 'contra el Proyecto de Dios' y este miércoles recordó las críticas efectuadas por el papa Francisco cuando era arzobispo de Buenos Aires al votarse una ley similar en Argentina en 2010.

Después de la votación parlamentaria en el Parlamento uruguayo, se desató la euforia en las gradas del Palacio Legislativo, con tal intensidad que tuvieron que ser desalojadas por orden del presidente de la Cámara Baja, German Cardoso. En una rueda de prensa posterior, Ovejas Negras consideró que el país 'ha dado un gran paso hacia una sociedad más justa e igualitaria'.

El matrimonio homosexual es legal en España, Holanda, Bélgica, Canadá, Sudáfrica, Noruega, Suecia, Portugal, Islandia, Dinamarca y Argentina, así como en seis estados de EE.UU, la capital mexicana, el estado mexicano de Quintana Roo y en el estado brasileño de Alagoas.