Ni siquiera habían transcurrido 24 horas del anuncio de la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, de que el año que viene habrá una nueva Ley del Aborto, cuando llegaron las primeras reacciones de la Iglesia Católica. El cardenal William Joseph Levada, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y número tres en el Vaticano afirmó ayer en Santiago de Compostela que "está entristecido" por la intención del Gobierno de elaborar una nueva legislación sobre la interrupción voluntaria del embarazo.

"Me entristece porque esas un signo de que la visión de la vida creada, la preciosa dignidad de cada persona que comienza con la concepción, no está en la base de un proyecto como este", comentó Levada durante un encuentro con periodistas, con motivo de su estancia en la capital gallega para participar en unas jornadas organizadas por la Iglesia Católica, según informa Efe.

La máxima autoridad en temas de doctrina católica consideró, además, que el tema del aborto "no es una cuestión meramente política, sino algo religioso y cultural que toca las raíces del género humano". Por este motivo se mostró a favor de un "diálogo cordial y de profundizar con una atención mayor en toda la historia sobre la cuestión de la vida y la fe".

Comité de expertos

Como anunció el jueves la ministra de Igualdad, y ayer reiteró la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, la intención del Gobierno es que para el año que viene esté listo el proyecto de ley para una nueva legislación del aborto. Por ello, el jueves echó a andar la comisión de expertos del Gobierno, que se encargará de redactar la norma.

De forma paralela trabajará la subcomisión del Congreso. En este sentido, el Grupo Parlamentario Socialista presentó ayer en el registro de la Cámara Baja la solicitud para la creación de una subcomisión. Esta formará parte de la Comisión de Igualdad, explicó la portavoz de Igualdad socialista en el Congreso, Carmen Montón.

El objetivo, según consta en la solicitud, "es estudiar una posible reforma de la legislación del aborto con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica y el respeto a los derechos de las mujeres y los profesionales, la equidad territorial y la prestación de este servicio en la sanidad pública". Los socialistas confían en que la subcomisión se constituya la próxima semana, y que a partir de octubre se realicen las primeras reuniones.

Al igual que el comité de expertos del Gobierno, el grupo de trabajo parlamentario estudiará durante seis meses las legislaciones europeas sobre el aborto y evaluará la aplicación de la normativa actual en España, así como la prestación del servicio tanto en la sanidad pública como a través de los conciertos.

Mezcla de plazos y supuestos

El deseo del Gobierno es que la nueva ley sea un mezcla entre una reglamentación de plazos y de supuestos. La actual legislación, aprobada en 1985, sólo permite el aborto en tres supuestos: en caso de violación, de riesgo para la salud de la mujer y en caso de tara física del feto. Tras los seis meses de trabajo, la subcomisión remitirá sus conclusiones al Gobierno para que las tenga en cuenta a la hora de redactar la nueva normativa.