El pasado 30 de noviembre, el entonces presidente electo, Mariano Rajoy, pedía "con urgencia" un acuerdo social y se publicaba el dato del IPC de ese mes: un 2,9%. Ese día, los sindicatos, que dos días después se reunirían con Rajoy, se ahorraron sus habituales peticiones en contra de la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. Ayer quedó claro por qué: el secretario general de UGT, Cándido Méndez, admitió que, ante las pésimas perspectivas económicas, las centrales sindicales están dispuestas a que los sueldos crezcan por debajo del IPC de forma temporal. "En la disyuntiva de crecimiento salarial o mantenimiento del empleo, nos quedamos decididamente con el mantenimiento del empleo", indicó a la Cadena Ser.

La propuesta, que ayer generó un considerable revuelo en la red social Twitter (no precisamente a favor de Méndez), va en la línea de quienes sostienen que la única vía para que España vuelva a ser competitiva es una devaluación interna (caída generalizada de sueldos y salarios), ante la imposibilidad de controlar su moneda, aunque no implica una congelación (ni una bajada) de salarios. Está sobre la mesa de negociación desde hace "meses", según fuentes sindicales, y tiene el apoyo del otro gran sindicato, CCOO.

Las centrales piden que se recupere lo perdido tras la crisis

En la negociación que mantienen con las patronales Ceoe y Cepyme para intentar llegar a un acuerdo antes del próximo día 15 (si no lo hay, el Gobierno impondrá por decreto una reforma laboral), las centrales están dispuestas a aceptar ese ejercicio de austeridad siempre que se incluyan mecanismos de salvaguarda para que, una vez superado lo peor de la crisis, los trabajadores recuperen su poder adquisitivo. Méndez desveló ayer que han planteado que los salarios suban por debajo del IPC de manera excepcional durante este año y el próximo y que se incluya una cláusula compensatoria en 2014.

CCOO y UGT reclaman que, como contrapartida, el Ejecutivo habilite mecanismos de control en los precios de determinados productos y servicios, como la electricidad, los alimentos, el transporte y la vivienda, e incluya topes a los sueldos de los directivos de empresas en dificultades.

Los sindicatos también han propuesto que las empresas puedan convertir empleo a tiempo completo en trabajos con jornada parcial, pero de forma "reversible" y voluntaria. Méndez subrayó que, al reconocerse los derechos a pensión y prestación por desem-pleo, no se trataría de un minijob, la fórmula de trabajo precario oriunda de Alemania que ha defendido el presidente de la CEOE, Juan Rosell,y que propuso el Banco Central Europeo (BCE) en una carta remitida en agosto al anterior Gobierno socialista y cuyo contenido exacto sigue sin ser público.

Exigen control de precios en luz, vivienda, transporte y alimentos

Un punto que no facilita el acuerdo social es el histórico recorte aprobado el pasado viernes, que agravará la inminente recesión y que incluye la reciente subida del IRPF, que el dirigente de UGT consideró insolidaria, porque afecta en especial a las clases medias. Méndez recordó que ese recortazo no estaba previsto hasta la semana pasada: "Ha abierto incertidumbres porque nosotros trabajábamos sobre la conversación con el presidente del Gobierno [mantenida el pasado 1 de diciembre] y sobre el texto escrito del debate de investidura", dijo.

Las centrales también han planteado la creación de un fondo de capitalización, subvencionado con el dinero que suele darse a las empresas en concepto de bonificación a la contratación, para que puedan pagar con él parte de las indemnizaciones por despido; los fondos aumentarían en función del compromiso de las empresas con el empleo estable, la igualdad o la prevención de riesgos laborales. Además, han propuesto que durante 2012 y 2013 se puedan convertir contratos temporales en indefinidos de fomento del empleo estable (con una indemnización por despido de 33 días por año trabajado), pero sin que el tiempo trabajado temporal compute en el cálculo de la indemnización.

La fórmula de trabajo parcial sería "reversible" y voluntaria.

El acuerdo aún parece lejano en materias clave, como la reforma de la contratación y del sistema de negociación colectiva, que el Gobierno de Rajoy quiere flexibilizar. Entre los puntos en los que el acuerdo se da por hecho, se encuentra la solución autónoma de conflictos laborales para el periodo 2012-16 (para evitar la judicialización), el traslado de tres festivos a lunes y la reforma de la gestión de las mutuas de accidentes de trabajo.