El Gobierno y la Iglesia alcanzan un acuerdo para la reparación de las víctimas de pederastia

El Gobierno y la Conferencia Episcopal han anunciado este jueves un acuerdo para reparar a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica para las que ya no es posible la vía judicial debido a la prescripción del delito o la muerte del agresor. El Defensor del Pueblo —con quien el Gobierno debe ahora firmar un convenio que pondrá en marcha el proceso— será una figura clave en el nuevo mecanismo, en el que también participarán las víctimas, cuyos representantes han sido convocados este viernes por el Gobierno. Las reparaciones económicas, en su caso, correrán a cargo de la Iglesia.

El fracaso de los canales abiertos por la Iglesia, como el plan PRIVA, para la reparación de los abusos ha llevado a la apertura de esta nueva vía, cuyo pacto ha llegado tras largos meses de negociación y diversas tensiones entre la jerarquía católica y el Gobierno. De este modo, las víctimas tendrán un asidero en la administración pública, que tendrá la última palabra. Para el Ejecutivo, se trata de un acuerdo "histórico". 

El nuevo sistema de reparación prevé que "la víctima inicie el proceso ante una unidad de tramitación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes". Esta unidad trasladará el caso a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, que realizará "una propuesta de resolución y, en su caso, reparación (simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica) atendiendo a lo solicitado por la víctima". Para que todo esto se produzca hace falta ahora, según expresó el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que se firme un convenio con el Defensor del Pueblo. Esto se hará, según el ministro, en breves fechas. 

Después, "la propuesta se trasladará a la comisión asesora de la Iglesia prevista en su Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso (PRIVA), que la evaluará y emitirá un informe". Si hay conformidad de las partes (CPRIVA y persona solicitante), la propuesta tendrá carácter definitivo". 

"Si hubiera disconformidad con la propuesta, ya sea de la persona solicitante o de la PRIVA, se convocará una Comisión Mixta, con participación de las asociaciones de víctimas, que deliberará para alcanzar un acuerdo unánime. Si persistiera la disconformidad, corresponderá a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo adoptar la resolución definitiva", añade el Gobierno. 

"La Iglesia católica deberá dar cumplimiento a las medidas reparadoras en plazo. Si no lo hicieran la diócesis, instituto o entidad religiosa responsable, la Conferencia Episcopal y la Conferencia Española de Religiosos garantizarán su cumplimiento", recoge el comunicado. 

Las negociaciones han estado enmarcadas desde el año 2024 en ese ámbito: la creación de un sistema mixto, en el que participase el Estado junto a la Iglesia en la atención e indemnización a las víctimas. Estas navidades, el presidente Pedro Sánchez había mostrado ya su determinación de que la Iglesia cumpliera con su responsabilidad ante los casos de abusos. Las asociaciones de víctimas esperaban que se produjera un pacto de manera inminente. 

La Conferencia Episciopal destacó en una nota de prensa que "para la firma del acuerdo", el Gobierno "se ha comprometido a abordar la reparación integral de víctimas de abusos en cualquier ámbito de la vida social, como solicitaba la Iglesia". Además, señalan los obispos, "el Gobierno ha aceptado que las reparaciones económicas estén exentas del impuesto sobre la Renta". El ministro Bolaños confirmó este extremo y afirmó que se iba a aplicar con carácter retroactivo a las indemnizaciones que la Iglesia ya ha desembolsado. 

"El sistema establecido —puntualiza la Conferencia Episcopal— no está basado en la imposición de una obligación jurídica, sino en el compromiso moral de la Iglesia y el mutuo acuerdo de las partes. Es una vía temporal con una duración de un año (prorrogable un año), para aquellas causas que no hayan tenido y no puedan tener recorrido judicial bien por la prescripción del delito o por la muerte del victimario". 

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EFE / Público

Los abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica no se han resuelto de manera adecuada y que dé verdadera satisfacción a las víctimas. No hay a día de hoy una cifra conocida, más allá de las aproximaciones que sirven para componer un cuadro que revela un problema de carácter estructural y sostenido en el tiempo. 

El diario El País tiene contabilizados más de 1.500 sacerdotes acusados y el informe encargado por la Conferencia Episcopal al despacho de abogados Cremades y Calvo Sotelo, entre críticas de la Iglesia, documentó 1.383 denuncias y 2.056 víctimas de abusos —pero no determinó número de abusadores— desde el año 1905 hasta hoy. La Conferencia Episcopal reconoció en 2023, en un estudio, que hay al menos 2.056 víctimas. 

Sin embargo, estas cifras, "no representan más que una pequeña parte de una realidad mucho más extendida", según el informe del Defensor del Pueblo, hecho público en octubre de 2023. El Defensor apuntó entonces, mediante una encuesta, basada en 8.013 entrevistas, que un 1,13% de la población adulta actual había sufrido abusos en el ámbito religioso, lo que equivale a 440.000 personas.