Víctimas de abusos sexuales mantienen desde principios de diciembre una interlocución directa con el Vaticano ante lo que consideran una "falta de sensibilidad" de la Iglesia en España. Juan Cuatrecasas, de la Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR), una de las principales, asegura a Público en conversación telefónica que ha renunciado, en este momento, al diálogo con la jerarquía católica española: "Hemos cerrado como asociación la ventana con la Iglesia en España, salvo que el Vaticano intervenga".

"No somos anticlericales. Yo me he llegado a reunir con hasta tres presidentes de la Conferencia Episcopal. Y nos dicen, sí, sí, sí y luego es no, no, no. Intentos hemos hecho todos. Hemos sido la que más reuniones hemos tenido con la Iglesia y a la que más nos han engañado. Por eso fuimos al Vaticano, y hemos cambiado de interlocutor", afirma Cuatrecasas a Público. 

A principios de este mes de diciembre, en efecto, representantes de Anir, de Justice Initiative España, de la Asociación de Víctimas de Abusos de Navarra (AVA) y de la portuguesa Coraçao silenciado mantuvieron un encuentro en Roma con la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores, de la que informó RTVE. Los recibió, según Cuatrecasas, monseñor Luis Manuel Alí Herrera, obispo colombiano, el secretario de la oficina, acompañado de varios técnicos. 

Entre los objetivos de esta comisión, según la Santa Sede, está la de proponer al papa "las iniciativas más adecuadas para la protección de los menores y adultos vulnerables, así como realizar todo lo posible para asegurar que delitos como los sucedidos ya no se repitan en la Iglesia". 

"Hablamos durante tres horas —agrega Cuatrecasas a Público— de la situación real en España y en Portugal. De cómo se ponen todo tipo de trabas a las víctimas. Esta comisión hace un trabajo global y esto implica tiempo y tesón. Reciben también muchas presiones por parte de ultracatólicos ligados al Vaticano, pero tuvieron el compromiso de Francisco y ahora de León XIV". "Hemos abierto una vía de interlocución con ellos. Aquí nos han engañado, mentido y hay falta absoluta de confianza", afirma Cuatrecasas.

Este periódico se dirigió a la Conferencia Episcopal y le planteó mediante un correo electrónico varias cuestiones, entre ellas la siguiente: "Ante las críticas que se hacen desde asociaciones de víctimas, ¿la respuesta hoy de las diócesis y de la propia Conferencia Episcopal es la adecuada o se pueden aún mejorar los cauces de comunicación y de atención?". En el momento de publicación de esta información, Público no había obtenido respuesta. 

"Esperando al Gobierno"

Las víctimas también están "esperando al Gobierno", expone Cuatrecasas. El Ministerio de Presidencia y Justicia, que dirige Félix Bolaños (PSOE), tiene sobre la mesa dos expedientes ahora mismo, que están vinculados por la temática. Uno es la reforma de la Ley de Protección de la Infancia, que promueve el ministerio de Sira Rego (IU), que contempla "la creación de una comisión de reconocimiento de víctimas de violencia sexual, principalmente por parte de instituciones públicas, como centros educativos o residencias, y privadas, como congregaciones religiosas, clubes deportivos o entidades sociales". 

Y la otra es la negociación abierta con la Conferencia Episcopal para implementar un sistema mixto, en el que participe el Estado junto a la Iglesia, en la atención e indemnización a las víctimas. "Lo ideal es que la Iglesia colabore. Si la Iglesia no hace nada, estamos hablando de derechos humanos, de salud pública y de infancia y adolescencia, al Gobierno le corresponde. Es un momento crucial. Es ahora o nunca", expone Cuatrecasas. 

Hace unos días, el presidente Pedro Sánchez, en una conversación informal con periodistas en La Moncloa con motivo de la Navidad, aseguró, según recoge la agencia Efe, que el Gobierno había trasladado a la jerarquía eclesiástica, tanto en el Estado como en el Vaticano, su determinación de que la Iglesia cumpla con su responsabilidad ante los casos de abusos.

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Planes que no cuajan

Los abusos sexuales en el seno la Iglesia Católica son un asunto que no termina de resolverse en una dirección adecuada, que dé verdadera satisfacción a las víctimas. No hay a día de hoy una cifra conocida, más allá de las aproximaciones que sirven para atisbar un paisaje que señala un problema de carácter estructural y sostenido en el tiempo. Uno de los últimos casos denunciados, el del exobispo de Cádiz Rafael Zornoza Boy, que investiga un tribunal vaticano, afectó por primera vez a un prelado en España. 

El diario El País tiene contabilizados más de 1.500 sacerdotes acusados y el informe encargado por la Conferencia Episcopal al despacho de abogados Cremades y Calvo Sotelo, entre críticas de la Iglesia, documentó 1.383 denuncias y 2.056 víctimas de abusos –pero no determina número de abusadores– desde el año 1905 hasta hoy. La Conferencia Episcopal reconoció en 2023, en un estudio, que hay al menos 2.056 víctimas. 

Estas cifras, empero, "no representan más que una pequeña parte de una realidad mucho más extendida", según el informe del Defensor del Pueblo, hecho público en octubre de 2023. El Defensor del Pueblo apuntó entonces, mediante una encuesta, basada en 8.013 entrevistas, que un 1,13% de la población adulta actual ha sufrido abusos en el ámbito religioso, lo que equivale a 440.000 personas.

"El goteo es constante. Y después otra cosa. A veces parece que hablamos de la guerra civil, se dice que la media de las víctimas tiene más de 60 años, pero en España en estos momentos hay casos de abusos sexuales en centros concertados. Entre enero y el verano de 2025 se han publicado diez. Está ocurriendo. A día de hoy, hay niños que está testimoniando las agresiones. Y de nuevo, los mueven [a los sacerdotes, a los implicados] de un sitio a otro, y aquí no ha pasado nada. Y madres y padres, a pelear y darse contra un muro", expone Cuatrecasas, a quien no le extraña la cifra que da la encuesta.

Las agresiones y abusos sexuales han desbordado por completo a lo largo de los años a la jerarquía católica, empeñada durante tiempo en ocultar y minimizar el problema —aún hoy lo hacen numerosos obispos, según las asociaciones de víctimas—, y que les ha llevado, más allá de la vertiente vinculada al Código Penal, que tiene sus propios ritmos y plazos y prescripciones (a los quince años), a redactar protocolos de comportamiento, abrir canales de denuncia y acometer procesos de restauración en diócesis, como ha hecho Madrid con el plan Repara. 

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Aquí, en este documento de julio de 2024 se pueden consultar las líneas de trabajo de la Iglesia en España en este ámbito. En él, se recoge lo siguiente: "La experiencia realizada nos ha generado aprendizajes en diversos ámbitos: la atención a las víctimas, la reparación del daño causado, la investigación, la formación, la prevención y la sensibilización. Hemos tratado también de reconocer los errores y aprender de ellos para no volver a cometerlos". 

"Se está avanzando —se añade— en la formación, en la puesta en marcha de herramientas para la detección y prevención de los abusos, en la escucha y la respuesta a las necesidades de las víctimas, en la aplicación de la normativa canónica y en la colaboración con la justicia y con las instituciones públicas".

También está en vigor el conocido como Plan Priva (la comisión asesora del plan de reparación integral a los menores y personas víctimas de abusos sexuales), que se ocupa de reparar abusos prescritos en la justicia ordinaria. Ha estudiado desde su puesta en marcha 101 casos, "de los cuales 58 están resueltos y 11 lo serán próximamente, pues han requerido un suplemento de información", según afirmó el pasado 21 de noviembre el secretario general de la Conferencia Episcopal, César García Magán. A fecha de 13 de noviembre (con 51 casos resueltos entonces), el importe total de la reparación propuesta (solo lo relativo a la cuantía económica), ascendía a 1.562.880 euros, según La Vanguardia. 

Sin embargo, hasta ahora, estos programas han tenido escaso éxito por la sencilla razón de que muchas víctimas no se sienten seguras. "La mayor parte de las diócesis lo que hacen es decirle a las víctimas que vayan al Plan Priva y estas no quieren ir porque piensan que van a ir al degolladero", expone Cuatrecasas.

"Hemos tenido innumerables quejas del trato que se les ha dado. Vemos que lo que quieren es que cuantos menos casos se puedan reparar mejor. Tienen miedo al efecto llamada. Por otro lado, pediríamos que pongan gente preparada y empática y que sean transparentes", lamenta Cuatrecasas.

Público planteó a la Conferencia Episcopal también las siguientes preguntas, que no habían sido respondidas en el momento de publicación de esta información: "¿Cuál es el balance que se hace del Plan Priva? ¿Tiene la Conferencia Episcopal algún número de víctimas de abusos sexuales y de eclesiásticos investigados?".