Las víctimas del robo de bebés exigen una comisión de investigación

Un año después de que se presentara ante la Fiscalía General del Estado una denuncia masiva de casi 300 casos de robo de bebés en hospitales y clínicas de toda España, el resultado es todavía escaso. Tan sólo dos ginecólogos han sido imputados y la Fiscalía ha archivado el 30% de las 1.079 denuncias acumuladas, según el recuento de las asociaciones de afectados. Este colectivo organizó ayer protestas en las principales ciudades reclamando una comisión gubernamental que coordine la investigación pendiente que ahora está en manos de las familias.

"No puede ser que la investigación dependa del fiscal que te toque", denuncia la portavoz de SOS Bebés Robados, Mabel Escuer. Desde que el anterior Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, ordenara la investigación provincial de los casos, el avance ha sido dispar. En Euskadi, el Gobierno ha creado una comisión especial. "A diferencia de los que ocurre en otras comunidades aquí se investigará hasta el final", declaró ayer la consejera vasca de Justicia, Idoia Mendia. En esta comunidad se han archivados pocos casos y se han practicado exhumaciones que han dado con tres ataúdes vacíos. Como consecuencia de uno de esos desenterramientos correspondiente a un nacimiento de 1993 fue imputado un ginecólogo en Bilbao.

"Quiero que mi lápida tenga mi verdadero nombre", dice una adoptada

Otras Fiscalías, como la de Madrid, han archivado la mayor parte de las denuncias por falta de pruebas. "A mí, que estoy inscrita como hija biológica de mis padres con los que no comparto el ADN, me han archivado el caso", asegura Escuer, de 60 años. Gracias a la investigación que ha practicado de su propia vida en los últimos dos años ha comprobado que sus padres le registraron como hija biológica cuando en realidad había sido adoptada en una maternidad. "Mi padre era militar y tendría contactos para adoptarme. Mi madre no podía tener hijos. Pido que en mi lápida, cuando me muera, ponga mi verdadero nombre. Si al Fiscal no le vale con esto, que me acuse de mentir", concluye Escuer.

Para unificar el criterio de las diferentes Fiscalías y para reclamar ayuda a las familias para investigar, las asociaciones entregaron ayer 90.000 firmas en la sede de la Fiscalía General del Estado. "Que las autoridades busquen las pruebas y que se reabran todas las denuncias. Sólo así se podrá encontrar y encausar a los que traficaron con niños", denunció Soledad Luque, promotora de la recogida de firmas, informa Efe.

El nuevo Gobierno ha mostrado su disposición a colaborar. Tanto el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, como el nuevo Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, afirmaron la pasada semana en el Congreso que están dispuestos a reunirse con las asociaciones y a ayudar en las investigaciones.

Las protestas se reprodujeron en varias ciudades. En Valencia, la portavoz de SOS Bebes Robados, Luna, aseguró que algunos afectados "tienen documentación que acredita que sus familiares no están muertos".

"Aquí se investigará hasta el final", declaró la consejera vasca de Justicia

En Huelva, la plataforma SOS Bebés Robados cifra en 80 los casos de recién nacidos que, al nacer entre los años 60 y los 80, fueron supuestamente separados de sus familias biológicas. Una treintena de personas se concentró ante la puerta principal de la Audiencia Provincial para reclamar que se profundice en la investigación de sus denuncias. Lejos de ello, explicaron, asisten "impotentes" al archivo de sus causas, lo que les deja "completamente desamparados", informa Rafael Adamuz.

Esperanza Ornedo, presidenta de la Plataforma SOS Bebés Robados Huelva, contó a los periodistas el motivo de la protesta: "A ver si paramos el archivo de las denuncias y que tanto jueces como fiscales se den cuenta de lo que estamos luchando, que estamos ahí, que vamos a seguir y que estas madres necesitan el apoyo de la justicia", declaró.

Entre las familias presentes se encontraba Victoria Salas, que narró su caso. Su hermano, explicó, nació en su casa de Bollullos Par del Condado en noviembre de 1969 y una enfermera lo trasladó de inmediato al hospital Manuel Lois de la capital onubense por un problema respiratorio. Horas después, la Guardia Civil se personó en el hogar para comunicar a los padres que el bebé había fallecido.

En el hospital no les dieron más explicaciones. Tan sólo les pidieron 3.000 pesetas para los gastos del entierro. Y nunca más supieron. Hasta 18 años después, cuando una carta llegó a su casa reclamándole para el servicio militar. Acudieron a los juzgados, donde confirmaron a los padres lo que siempre sospecharon: que no consta ningún documento oficial de su muerte. Victoria Salas es una de las denunciantes que aún espera el pronunciamiento de los tribunales.