La Xunta ha formalizado ante el Tribunal Supremo el recurso de casación por la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña tras el juicio celebrado por el accidente del Prestige.

El fallo, emitido el pasado 13 de noviembre, absuelve al capitán del petrolero, el griego Apostolos Mangouras, de los delitos contra el medio ambiente y únicamente lo considera autor criminalmente responsable de un delito de desobediencia grave a la autoridad penado con nueve meses de prisión.

Los servicios jurídicos del Gobierno gallego, como señala la administración en un comunicado, entienden que el responsable de este carguero en el momento en que se hundió incurrió en un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, en un delito por daños por imprudencia grave, y en un grave delito de desobediencia a la Autoridad Marítima española.

En este mismo sentido, la Xunta aprecia que Apostolos Mangouras incurrió en graves negligencias con algunas de las maniobras hechas y pone de manifiesto el estado deficiente de dispositivos de seguridad que presentaba el barco.

Así, el Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo cree que la sentencia de la Audiencia Provincial debe ser anulada "por infracción de los derechos fundamentales y por infracción de la ley" y reclama la aplicación del Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil por daños debido a la contaminación por hidrocarburos de 1992.

También del Convenio Internacional de Indemnización de Daños debidos a Contaminación por hidrocarburos (Fidac) de 1992, en relación, todo ello, a la responsabilidad civil derivada de estos delitos.

Por lo tanto, la Xunta reclama 1,3 millones de euros por el coste estimado correspondiente al reciclado y eliminación de 10.000 toneladas de residuos de fuel mezclado con arena, agua, plásticos y otros elementos.

Apunta también que procede que el Tribunal Supremo reconozca una indemnización por los daños medioambientales a medio plazo producidos como consecuencia del accidente, por considerar debidamente acreditados tales desperfectos, que cuantifican en 2.433 millones.

El recurso planteado por la Xunta mantiene, igualmente, que deben ser declarados responsables civiles de los daños producidos tanto el capitán del Prestige como la compañía aseguradora del barco, y la naviera armadora, como responsable civil subsidiaria.

Solicita, asimismo, la declaración de responsabilidad civil directa y solidaria para la compañía aseguradora hasta el límite cubierto por la póliza, mil millones de dólares.