No habrá alfombra roja ni camino de rosas. Pero tampoco los grupos extenderán un cordón sanitario contra el PSOE, como en las amargas sesiones monográficas sobre la crisis. José Luis Rodríguez Zapatero aprobará sin problemas el debate en el pleno de hoy en el Congreso sobre el abandono masivo de los controladores aéreos del fin de semana. El PP le tirará de las orejas por la “falta de previsión” e IU y BNG le recriminarán haber echado mano de una legislación excepcional. De cualquier modo, no se votará nada: la declaración del estado de alarma sólo requeriría ser convalidada si la Moncloa solicitase una prórroga.

Pero el presidente confía en que, más allá de los toques de atención, se visualice un “amplísimo apoyo” de la Cámara al Gobierno, ratificaban ayer fuentes de la Moncloa. “El Ejecutivo tiene una posición firme, que se defiende bien. Por tanto, esperamos un respaldo cerrado, la unidad del Congreso en defensa del interés general, en defensa del Estado frente a un chantaje intolerable”, resumía ayer a Público Rafael Simancas, portavoz socialista de la Comisión de Fomento, que ha ayudado en estos días a su jefe en el grupo, José Antonio Alonso, a construir su intervención de hoy.

Hablando en plata: Zapatero persigue un aval unánime para que los controladores “tengan claro” que, si vuelven a desencadenar otra crisis, “se enfrentarán a toda la sociedad”, insistió el diputado. Calcaba a Alfredo Pérez Rubalcaba. El caos en los cielos españoles, dijo el vicepresidente primero ayer en RNE, “no puede salir gratis” a los técnicos aéreos y si hay una nueva afrenta, al Gobierno no le “va a temblar el pulso”. Los grupos han avanzado las líneas de sus discursos de hoy. Son las que siguen.

¿Cómo combatirá Zapatero la argumentación del PP? “¿De qué PP?”, responden Simancas y fuentes de la Moncloa. “El PP ha actuado de modo lamentable estos días, ha manejado tres discursos distintos. ¿Cuál sostendrá Mariano Rajoy en el pleno? Quizá los tres”, esgrime irónico el diputado.

La Moncloa elude avanzar si pedirá la prórroga del estado de alarma o si habrá más medidas

El viernes, el líder del PP, que había quedado atrapado en Lanzarote por el paro encubierto, evitó señalar a los controladores: “Yo no tengo actitud equidistante con nadie, pero no le voy a echar la culpa a nadie”. El sábado, el vicesecretario de Comunicación de los conservadores, Esteban González Pons, abofeteó al Gobierno por “dejar tirados a los españoles”. Se ofreció a “intermediar” para poner fin a un “caos” provocado por la “insensata” actitud de los técnicos ante la “incapacidad” del Ejecutivo.

El domingo, el PP se enmendó. “Los responsables directos e inmediatos” del boicot “son los controladores, cuyo comportamiento ha sido inaceptable”, recalcó la responsable del Grupo Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, quien además mostró su apoyo al presidente, aunque le exigió explicaciones. Las mismas tesis mantuvo Rajoy el lunes durante el 32º aniversario de la Constitución. Ante tanto zigzagueo, la ministra de Defensa, Carme Chacón, reclamó a Rajoy ayer en la Ser que aproveche la “magnífica oportunidad” del pleno para aclarar “de qué lado está”.

Simancas sostiene que el PSOE no prevé ser “beligerante”, pero “responderá a los ataques”. El portavoz recuerda que en febrero el Gobierno acabó con un “convenio ilegal, el de 1999, con el que el PP dio a los controladores todos los privilegios”. Además, AENA asumió la gestión del trabajo, rebajó los sueldos, liberalizó las torres de control y los cursos de formación y posibilitó que en aeródromos con menos tráfico cuenten con sistemas automatizados de información de vuelo (AFIS) para sustituir a los controladores.

“¿Imprevisión? Se ha negociado todas las semanas con ellos, pero querían volver al sistema anterior. Habría sido más fácil hacer como el PP: claudicar”, rubrica el diputado.

La izquierda minoritaria censura que se haya recurrido a leyes de excepción

La polémica también recae en la oportunidad del real decreto ley que aprobó el Ejecutivo el viernes, que aclaraba que las bajas, los permisos de formación o las guardias (las imaginarias) no computarán como horas de trabajo. “Hay que saber si el Gobierno sabía cuál sería la consecuencia del decreto del Gobierno”, señalaba el martes María Dolores de Cospedal, número dos del PP. Josep Antoni Duran i Lleida, portavoz de CiU, publicaba en su blog una crítica similar: “Si hemos esperado treinta años, podríamos haber esperado una semana más”.

“Era necesario y urgente que se aprobase en ese Consejo de Ministros porque la amenaza de los controladores era para este puente”, enfatiza Simancas. Chacón incidió en que el ejército “estaba en alerta” desde el viernes por la mañana. El plante se veía venir y por eso se actuó.

Gaspar Zarrías, secretario de Estado de Cooperación Territorial y secretario de Relaciones Institucionales de los socialistas (o sea, el número cuatro del partido), reveló el sábado que el PP había mantenido “reuniones” con el sindicato de controladores, Usca. Pons negó los contactos, pero Santamaría los reconoció el domingo. Usca se entrevistó en el Senado el 3 de noviembre con todos los portavoces parlamentarios (menos el PSOE) y luego almorzó sólo con el PP.

Los conservadores pidieron primero las dimisiones de Zarrías y del titular de Fomento, José Blanco. Luego moderaron sus exigencias. Ayer, el PP solicitó reprobar en el Congreso al secretario de Estado por “insultar, mentir y agredir”.

El PP ha reprochado al jefe del Ejecutivo que no compareciera el sábado, cuando decretó el estado de alarma. Zapatero avanzó el lunes que era el Congreso quien debía tener la información “en primer lugar” y que su Gobierno había desplegado una estrategia de comunicación “gradual”. Primero dio la cara Blanco. Luego, Rubalcaba. Como el caos se frenó en seco, no hizo falta un aviso del presidente.

Los conservadores exigen mano dura, que la ley se aplique “en toda su extensión” y que el Gobierno no diferencie entre los cabecillas del paro salvaje y las bases. Simancas asegura que el Ejecutivo impedirá 'cualquier propósito de impunidad', y jueces y fiscales actuarán 'con toda la fuerza de la ley'. 'Ahora bien –añade–, entre los controladores también hay gente sensata y razonable. El Gobierno debe constatar eso. Es su obligación'.

“Zapatero dará todas las razones que llevaron a decretar el estado de alarma”, sostienen fuentes gubernamentales, sin aclarar si el presidente anunciará más medidas o si reclamará la prórroga, que necesariamente tendría que votar el pleno, sujetos a la posición de que ha de ser el Congreso quien primero conozca las novedades.

IU censura la “sobreactuación” de Zapatero, su “abuso constitucional” por haber forzado la ley del estado de alarma, de excepción y de sitio de 1981 que, según interpreta Gaspar Llamazares, no prevé en el primer caso el trato de civiles como militares. Critica que se militarizan las torres de control y que se busque el castigo de los absentistas a través de la justicia militar con dos leyes franquistas (la de Navegación Aérea de 1960 y la Penal Procesal de Navegación Aérea de 1964).

ERC ha mantenido una postura algo distinta a la de IU. El portavoz republicano, Joan Ridao, sí juzgó necesaria la declaración del estado de alarma para 'apremiar a los controladores a deponer su actitud'. Pero cree que ahora, una vez 'normalizado' el tráfico aéreo, no tiene sentido preservar la medida. Además, estima que el conflicto es 'sólo la punta del iceberg de la insostenibilidad del modelo de gestión' de AENA, claramente 'centralizado'. 

IU, BNG y ERC, pues, pedirán que se levante la alarma y se hable con Usca. “¿Qué quería Llamazares? O transigir ante los controladores o mantener el espacio aéreo cerrado más tiempo. No bastaron las medidas civiles: ellos, civilmente, nos mandaron hacer puñetas. Por ello tuvieron que usarse todos los instrumentos legales. ¿Fue oportuno y necesario el decreto y la militarización? Sí. ¿Fue eficaz la declaración de estado de alarma? Sí, se resolvió la crisis en menos de 24 horas. Cuando no gobiernas, te puedes permitir ciertos lujos retóricos”, alega Simancas.