Los ya cinco días de tensión vividos a raíz del caos aéreo que provocaron los controladores el viernes al ausentarse de sus puestos por estrés han dejado huella en el ministro de Fomento, José Blanco. La misma firmeza de siempre, pero con una dosis extra de cansacio. En la entrevista, Blanco anuncia a Público la apertura de un nuevo procedimiento sancionador para los controladores: la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Aesa) abrirá expedientes para averiguar si pusieron en riesgo la seguridad aérea. La sanción máxima en esta vía es la retirada de la licencia de controlador, lo que les impediría trabajar en cualquier otro país europeo, ahora que se está homologando el certificado.

Sin decreto de estado de alarma, ¿habría habido un colapso aéreo que hubiera durado todo el fin de semana?

No sabemos cuánto hubiera durado el colapso a partir de una decisión salvaje que tomaron los controladores abandonando su puesto de trabajo. Estoy convencido de que esta decisión era premeditada y pretendía, por la fuerza del comportamiento salvaje, imponer un convenio colectivo que se viene negociando desde 2005 y que aún no se ha aprobado porque no querían perder sus privilegios. Y ahora insisten en recuperar aquellos privilegios que fueron eliminados mediante la ley que aprobó el Parlamento con amplio consenso.

¿El estado de alarma puede prolongarse hasta el 6 de enero para evitar problemas y movilizaciones por parte de los controladores en Navidad?

Es que hasta ahora no hubo movilizaciones. Todos los trabajadores tienen el derecho constitucional a la huelga. Lo que han hecho con sus comportamientos es, a la brava, dificultar la normalidad e impedir el ejercicio de derechos de otros ciudadanos. Yo creo que la inmensa mayoría del colectivo es consciente de que sólo se pueden alcanzar objetivos a través del diálogo. Hemos demostrado a lo largo de este tiempo una paciencia infinita dialogando permanentemente todas las semanas en las mesas de negociación. Pero deben aceptar que las reglas del juego son las que establecen las leyes y que no hay un atajo para incumplir la ley. Estoy seguro de que la mayoría del colectivo comparte este objetivo y también creo que la mayoría no se siente representado por quien utiliza como método la fuerza y el chantaje para imponer una negociación.

¿Fomento puede garantizar a los ciudadanos que va a haber unas navidades tranquilas?

Es una pregunta retórica que todo el mundo hace. El estado de derecho tiene instrumentos, como se ha demostrado, para garantizar el normal funcionamiento de los servicios públicos. Eso es lo que hemos hecho y seguiremos realizando en el futuro si se presentan circunstancias que dificulten la normalidad del funcionamiento de nuestros servicios públicos esenciales.

Pero ¿cómo se va a garantizar la normalidad del servicio aéreo? ¿Se podría contratar a controladores extranjeros y formar a los controladores militares?

Hemos venido tomando decisiones a lo largo de todo este año para introducir más competencia, más eficiencia y menos dependencia de un colectivo del que dependía todo, incluida la formación. Y vamos a seguir nuestra hoja de ruta. Entre otras medidas, hemos abierto la posibilidad de que se pueda homologar la formación de controladores al margen de Senasa [la escuela pública de controladores]. Se ha abierto la posibilidad de liberalizar las torres de control y hemos asumido la organización del trabajo para que no fuera un régimen de autogestión.

¿Habrá una ley para obligarles a que formen a los nuevos controladores?

Vamos a seguir utilizando todas las fórmulas para eliminar la falta de competencia y garantizar, en todo momento, una completa liberalización del sector.

¿El ministerio tiene pruebas o sospechas de que el sindicato de controladores, Usca, pudo orquestar las bajas masivas del viernes?

Pondremos a disposición de la fiscalía todas las pruebas por si de ellas se derivara una responsabilidad de la dirección del sindicato. Haremos lo mismo con las sospechas y será la fiscalía también la que determine si están fundadas. Hay muchos indicios. Todos ellos están siendo rastreados, pero, en todo caso, no me gusta juzgar a priori sólo en base a sospechas.

¿Fomento está investi-gando a la cúpula de Usca?

No, nuestro papel no es investigar. Esa es una tarea de la fiscalía. Nuestro papel es facilitar la información que tenemos o la que nos van suministrando que sirva de prueba para poder dirimir las responsabilidades individuales o colectivas que se deriven de esta actuación. Aena resolverá a partir de los expedientes abiertos en los temas laborales y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea [Aesa] tendrá que resolver los expedientes administrativos que se van a abrir sobre si las personas que actuaron pusieron en riesgo la seguridad aérea. Si es el caso, la sanción puede llegar a retirada de la licencia de controlador aéreo. Hay tres investigaciones simultáneas: la de la fiscalía, la de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y la laboral de Aena.

Sobre este posible escenario, ¿cree que puede haber al final despidos o incluso penas de cárcel?

Las penas se resuelven a través de una sentencia de un juez. Yo no quiero entrar a enjuiciar conductas que no me corresponden. Desde el punto de vista laboral, la suspensión de empleo y sueldo y el despido están previstos. Hay que evaluar y determinar cada conducta porque cada sanción es individual. Pero estoy seguro de que va a haber todo tipo de sanciones, desde faltas leves a graves y muy graves. Habrá casos en los que habrá suspensión de empleo y sueldo; habrá casos, estoy seguro, de expulsión, y puede haber supuestos en los que la Agencia de Seguridad Aérea retire la licencia.

Si se salda con sanciones y responsabilidades sólo de los cabecillas de los controladores o de Usca, ¿cree que a los ciudadanos y a los afectados les puede parecer poco castigo?

El Gobierno tiene la firme determinación de que ninguna conducta quede impune. Pero todo el mundo goza del derecho a defenderse. En los expedientes que ha abierto Aena y en el proceso que abra la Agencia de Seguridad Aérea, habrá que determinar si es sancionable. No tiene la misma responsabilidad y no puede tener la misma sanción, el promotor, el instigador, que el que simplemente abandona coaccionado su puesto de trabajo.

A falta de cifras definitivas, con unos 600.000 afectados por el caos, ¿habrá indemnizaciones para ellos garantizadas por Aena?

Esta situación ha provocado menos daño que lo ocurrido con la crisis de las cenizas volcánicas, donde hubo el doble de pasajeros afectados y el doble de vuelos cancelados. Aena no es la responsable de esta situación, es una víctima. La responsabilidad tendrá que recaer sobre quienes promovieron estos hechos.

¿La imagen de España puede verse deteriorada?

Estas situaciones no ayudan, pero todo el mundo ha visto determinación, firmeza y serenidad a la hora de resolver un problema. No he recibido más que felicitaciones de mis colegas europeos por la prontitud en resolverlo. Lo que se aborda ahora en la UE con la implantación del cielo único europeo a partir de 2012 es de qué mecanismos se tiene que dotar para que algo que hoy es un problema en España no se convierta en un problema europeo.

¿Qué le parecen las críticas de IU, ERC o algunos juristas que destacan que el estado de alarma es una medida excepcional que no se adoptó ni el 23-F?

Es una medida excepcional para una situación excepcional que requería aplicar lo que está previsto en nuestra Constitución.

Parte de la legislación en que se han basado estas medidas tiene origen fran-quista, ¿sería conveniente cambiar estas leyes?

Las leyes en vigor nos obligan a todos por igual. Pero reitero que la decisión se adopta al amparo de la Constitución y de las previsiones constitucionales. Todos los demás debates sobran. Se trataba de restablecer la normalidad a partir de una actuación sin precedentes. Se ha hecho. Ahora toca hacer justicia.

En el PP piden dimisiones de líderes socialistas por las declaraciones que insinúan que el PP estaba en connivencia con el sindicato Usca. ¿Como dirigente del PSOE mantiene esas declaraciones?

Esta entrevista la hago como ministro de Fomento. Pero en una situación como la que hemos vivido, lo que es exigible a todo el mundo es claridad y no ambigüedad. Y yo, en algunos responsables políticos he visto demasiado cálculo político, demasiada ambigüedad. Les ha faltado determinación en la condena a los únicos responsables de esta situación, que son una parte de los controladores aéreos que provocaron esta actuación salvaje.

¿El PP se ha convertido en portavoz político de los controladores?

No tengo ningún dato que lo avale. Me he sentido muy apoyado por algunos presidentes autonómicos e incluso algunos ex ministros del PP. No puedo decir lo mismo de la actual dirección.