Las multinacionales del tabaco han perdido el pulso con el Gobierno de Australia a raíz de que la Justicia desestimara su recurso contra la ley que obliga a que los paquetes de cigarrillos sean homogéneos y sin publicidad. El Tribunal Superior de Canberra dictaminó que la ley, que entrará en vigor el próximo 1 de diciembre, no contraviene la Constitución ni infringe los derechos de propiedad intelectual como denuncia la industria tabaquera.

Australia se convierte así en el primer país en adoptar el empaquetado genérico, sin marcas ni textos de promoción del tabaco, mientras que en otros países como Gran Bretaña, Canadá o Estados Unidos se estudian medidas similares. Encabezados por la británica British American Tobacco (con marcas internacionales como Lucky Strike), los demandantes incluyen a Japan Tobacco International, Imperial Tobacco (Cohiba o Golden Virginia) y Philip Morris (Marlboro, L&M o Chesterfield).

"Al menos una mayoría de este tribunal opina que la ley no es contraria (a la Constitución de Australia)", afirmaron los jueces, que presentarán sus argumentaciones en una fecha posterior. Las compañías no podrán recurrir la sentencia y tendrán que empezar a empaquetar el tabaco en cajetillas de color verde oliva, con tipografía homogénea y en letra pequeña la marca, a partir de la fecha de entrada en vigor de la nueva ley. Además, las advertencias sanitarias con tumores cancerígenos y bebés enfermos que ocuparán el 75 % de la parte frontal de los envoltorios y el 90 % de la posterior.

Uno de los más firmes defensores de la ley es la fiscal general australiana, Nicola Roxon, exministra de Sanidad y cuyo padre murió de cáncer de esófago provocado por el tabaco cuando ella tenía 10 años. "Es un hito para el control del tabaco en el mundo. Otros países podrían considerar ahora tomar medidas parecidas", declaró Roxon.

"Una victoria masiva para la salud pública"

Tras conocer el veredicto, el presidente del Consejo de Tabaco y Salud, Mike Daube, afirmó que se trata de "una victoria masiva para la salud pública" y "la peor derrota de la industria tabacalera mundial". Daube, que dirigió el comité que asesoró al Gobierno sobre la ley, recordó que "las compañías tabaqueras se han opuesto al empaquetado homogéneo con más ferocidad que contra cualquier otra medida". Las empresas tabaqueras insisten en que la ley les causará pérdidas millonarias y que viola sus derechos de propiedad intelectual al prohibirles utilizar sus logotipos.

El portavoz de British American Tobacco, Scott McIntyre se mostró "extremadamente defraudado" con la decisión del Tribunal Superior y agregó a la prensa, que "al final del día nadie gana con el empaquetado homogéneo excepto los criminales que venden cigarrillos en Australia". El portavoz indicó que no obstante cumplirán con la normativa, aunque consideran que "el Gobierno no tiene el derecho de sustraer la propiedad intelectual de las compañías".

15.000 muertos cada año

Para Sonia Steward, portavoz de Imperial Tobacco, "la legislación facilitará el trabajo de los contrabandistas al abaratar sus costes" y precisó que el Estado debería compensar a las compañías por privarles de su imagen de marca. Algunos países como Honduras, la República Dominicana y Ucrania se han opuesto en la Organización Mundial del Comercio (OMC) a la normativa australiana al considerar que vulnera los derechos de propiedad intelectual.

Según las autoridades hondureñas, la legislación elimina "la función básica de una marca, que es permitir a los consumidores distinguir productos de distintas compañías". Los denunciantes también alegan que la normativa australiana pondrá restricciones al comercio al regular el empaquetado del tabaco, aunque de hecho sus exportaciones a Australia tienen un volumen poco significante.

En los años 90, el Ejecutivo de Camberra prohibió la publicidad del tabaco en cualquier medio de comunicación y soporte, así como el patrocinio de todo tipo de evento. Unos 15.000 australianos mueren cada año a causa de dolencias relacionadas con el tabaquismo, un hábito que según fuentes oficiales cuesta cada año unos 31.871 millones de dólares a la arcas del Estado de este país oceánico. El Gobierno aspira a recortar el número de personas fumadoras del 15 % de la población actual al 10 % en 2018. Otros países como Gran Bretaña, Canadá o Nueva Zelanda estudian medidas similares a la adoptada por Australia.