La Ciencia en EspañaLos investigadores denuncian que el Ministerio de Universidades hace caso omiso a sus reclamaciones

Todo para el pueblo pero sin el pueblo. O lo que es lo mismo, configurar un estatuto laboral propio para el personal docente e investigador (PDI) sin los investigadores. Eso es lo que se deduce de la crítica realizada desde la Federación de Jóvenes Investigadores (FJI) al Ministerio de Universidades por desarrollar un marco regulatorio sin contar con sus propuestas, aunque desde el organismo público aducen que el texto se encuentra en una fase preliminar y que después del verano habrá un documento más contrastado que el actual.

Manuel Heras, investigador de la Universidad del País Vasco y que en estos momentos desarrolla su carrera en Japón, señala que el estatuto del PDI se centra sobre todo en el profesorado universitario, relegando a los centenares de investigadores que en estos momentos prestan servicio en España. De hecho, desde que el personal investigador predoctoral consiguió un estatuto propio se da la paradoja de que un profesional de estas características en su último año de contrato antes de la tesis cobra más que un investigador posdoctoral. "Es muy doloroso que no hayan contado con nuestra presencia porque desde hace años pedimos un estatuto propio para los posdoctorales que también incluya a técnicos y gestores", comenta este doctor en filosofía por la Universidad de Granada.

Sus temores se basan en que si les incluyen en un estatuto junto al personal docente queden relegados a la hora de confeccionar el documento y que la idiosincrasia propia de su labor se convierta en una mera anécdota en los derechos que recogerá el marco regulatorio pendiente de aprobación. Entre sus principales demandas se encuentra la equiparación de sus salarios, congelados desde el 2011, al IPC actual; la posibilidad de percibir complementos salariales; que se tengan en cuenta las particularidades de las contrataciones para hacerlas más estables; y ciertas propuestas relacionadas con las políticas de género e inclusión. "Desde la FJI hemos desarrollado múltiples análisis sobre la situación, llegando a proponer soluciones específicas respecto al tipo de carrera investigadora que necesitamos", arguye el integrante de la Federación.

Pérdida constante de poder adquisitivo

"Hemos realizado incluso las matemáticas para calcular cuál es la pérdida de poder adquisitivo y cuánto tendría que aportar el Estado o las fuentes de financiación, para recuperar el poder adquisitivo de hace más de una década y que está perdido con la excusa de la crisis, cuando se congelaron los salarios y no se han vuelto a equiparar al IPC", continúa Heras aludiendo a los informes Hacia una carrera investigadora en España y la subida salarial que les correspondería en el caso de llegar a ser trabajadores de pleno derecho.

Desde su punto de vista, no entienden por qué no se prepara un estatuto para el personal investigador en concreto, pero tampoco se explican que no les dejen participar en la elaboración del estatuto para el PDI que también les afectará. "Si nos hubieran llamado o contestado a nuestros requerimientos, podríamos haber aportado muchas medidas relacionadas con un sistema de contratación que elimine los problemas de precariedad e inestabilidad laboral que tenemos actualmente los jóvenes investigadores y que nos dote de una cierta estabilidad en la contratación y que eso sea la base de una carrera investigadora, que ahora mismo es prácticamente inexistente", añade el integrante de la FJI.

El Ministerio de Universidades no les responde

Violeta Durán, que investiga con un contrato predoctoral en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), tampoco llega a entender por qué el Ministerio liderado por Manuel Castells no ha contado con la FJI, de la que es integrante: "Con lo fácil que hubiera sido fijarse en lo que se consiguió con el Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF) en el que participamos, en el que han regulado los sueldos año a año junto a las obligaciones de los investigadores", lamenta. De esta forma, los agentes sociales que sí han podido acceder a las primeras negociaciones se centran en los rectores universitarios, sindicatos y mandatarios de comunidades autónomas, aunque desde Universidades añaden: "Vamos a consultar a todo el mundo, saldrá en consulta pública, vamos a recibir alegaciones y aportaciones de todo el mundo. Sale en septiembre y serán meses de trabajo".

Ella misma alude a la realidad que se vive en estos momentos en torno a la investigación diciendo que "no puede ser que ahora se proclame que España va a cuidar a la Ciencia cuando las carreras de sus investigadores más jóvenes son totalmente precarias e inestables". Cuestionada por si desde la FJI han intentado ponerse en contacto con el Ministerio de Universidades, Durán responde afirmativamente, y añade: "Con esta dualidad, hemos tendido la mano tanto al Ministerio de Educación como al de Ciencia, pero no hemos recibido respuesta. Esto nos sorprende aún más cuando el documento ya se está negociando y no nos cabe en la cabeza por qué no querrían contar con los principales afectados o asociaciones como la nuestra con mucha experiencia".

Por su parte, el Ministerio de Universidades confirma a Público que el estatuto aún se encuentra en una fase preliminar de cara a mantener un diálogo con los actores interpelados. Del mismo modo, señalan que el documento se ha enviado a "una multiplicidad de organismos" para que puedan valorarlo y que "no hay ninguna reticencia a reunirse con ningún colectivo".