La central nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos, no se cierra. Al menos, esa es la conclusión que se desprende de un informe que acaba de publicar la Comisión Nacional de la Energía (CNE). El documento, que el regulador realiza cada año desde 2001, incluye las previsiones sobre la evolución de la demanda de energía eléctrica y gas, así como la situación y perspectiva de la oferta energética con un horizonte temporal de cuatro años (entre 2009 y 2012).

'Durante el periodo analizado no se consideran bajas de potencia hidráulica o nuclear', dice el documento, que basa sus previsiones en datos de las eléctricas y el gestor del sistema, Red Eléctrica de España. Otra de las fuentes de información del informe es la Planificación de los sectores de la electricidad y gas 2008-2016 que publicó el año pasado el Ministerio de Industria. En ese informe, el departamento que encabeza Miguel Sebastián (que es el que debe decidir si cierra Garoña o prorroga su permiso diez años más) dejaba un resquicio a la posible clausura de la planta, que en el sector energético se da ya por prácticamente descartada: 'En caso de que se produjera el cierre de algún grupo [de producción nuclear], el sistema sería capaz de asumirlo',

La planta de Garoña, la más vieja de las que están actualmente en funcionamiento en España (se inauguró en 1971) y perteneciente a Endesa a Iberdrola, produce poco más del 1% de la electricidad en España.

Dictamen en mayo

El pronóstico de la CNE no difiere de los que ha hecho en años anteriores, pero da una pista más de lo que puede ocurrir con la central. Su licencia está a punto de expirar y el regulador energético ni siquiera se plantea su cierre, aunque no es el organismo que debe opinar. Está previsto que en mayo lo haga el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en un dictamen técnico que no será vinculante para Industria, siempre y cuando sea favorable (si no lo es, sí es vinculante y Garoña deberá cerrarse). El Gobierno tiene que tomar su decisión antes del 5 de julio, fecha en que caduca el actual permiso.

Los indicios de que el Gobierno prorrogará Garoña, pese a la promesa del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de presentar un 'plan de cierre' en la anterior legislatura, se acumulan: el CSN acaba de recordar, en su revista Alfa, que 'mantener el funcionamiento de las centrales más allá del periodo inicialmente previsto en su diseño es compatible con la legislación española en vigor'. Con el lobby pronuclear a plena máquina, y seguro de la renovación del permiso de actividad de Garoña, sus titulares han recargado combustible para hasta marzo de 2011.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, se opuso ayer frontalmente, de hecho, al cierre de de Garoña, al considerar que se encuentra en un estado 'excelente'. 'Me costaría muchísimo trabajo pensar que, con la crisis que tenemos y la que está cayendo, los españoles seamos tan ricos como para permitirnos el lujo de cerrar algo que está en un estado excelente', afirmó en Bilbao, con motivo de la Junta de Accionistas de su compañía. El presidente de Iberdrola destacó que, durante los últimos años, se han invertido más de 300 millones de euros en modernizar los sistemas de la central, y que si no cumpliera todas las garantías de seguridad, él mismo sería el primero en pedir su cierre. Y añadió: 'Pero, cuando su estado es excelente, sería un lujo prescindir de ella', informa Guillermo Malaina.

Las presiones sobre el presidente Zapatero, antinuclear convencido, no son sólo empresariales, sino que se producen en el seno de su propio Gobierno. Algunos ministros, como los de Industria, Economía, Ciencia o Medio Ambiente, están inclinados a apoyar la prórroga de Garoña, aunque dicen respetar la decisión última del presidente.

En el programa electoral del PSOE figura el 'compromiso de sustitución gradual de la energía nuclear por energías seguras y limpias, cerrando las centrales nucleares de forma ordenada en el tiempo al final de su vida útil'. La clave es qué se entiende por 'vida útil'. En España son 40 años, mientras que en Estados Unidos son 60 años. El verano pasado, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, abogó en una entrevista con Público por 'optimizar la vida útil' de las plantas existentes. 'Cuanto más larga [esa vida útil], mejor', dijo.