"Quien contamina paga", dice Ecuador

El Gobierno ecuatoriano cargó ayer contra la empresa OCP tras el vertido, el pasado 25 de febrero, de 14.000 barriles de crudo en el principal santuario natural de Ecuador, la reserva ecológica Cayambe-Coca, situada en la región amazónica. El derrame se produjo tras la rotura del Oleoducto de Crudos Pesados, gestionado por OCP, una empresa participada al 30% por la petrolera hispano argentina Repsol YPF y cuyo capital es íntegramente privado.

En declaraciones a Público, la ministra del Ambiente, Marcela Aguiñaga, advirtió de que el Estado ecuatoriano no pagará la factura del vertido. "Quien contamina paga, así lo establece nuestra nueva Constitución", señaló ayer la ministra en conversación telefónica. El crudo que atraviesa la Amazonia en el oleoducto, de 485 kilómetros, pertenece a la propia Repsol YPF, la brasileña Petrobras, la china Andes Petroleum y la anglo-francesa Perenco.

El Ministerio del Ambiente denunció en los primeros días tras el vertido una cadena de negligencias, entre ellas una escasa formación de los trabajadores sobre situaciones de emergencia, que agravaron el impacto de la marea negra.

Siete minutos

El departamento de Aguiñaga está investigando otros posibles fallos. "La empresa dice que el sistema de alerta actuó inmediatamente, pero el operador tardó siete minutos en detener el bombeo de crudo", explica la ministra. Según sus cifras, el operativo de limpieza ha conseguido retirar 7.500 barriles, pero todavía restan otros 6.500, que emponzoñan los ríos Santa Rosa, Quijos y Alta Coca. De hecho, el Gobierno de Rafael Correa ha ordenado abrir una investigación para comprobar si el vertido fue de 14.000 barriles, como aseguran los responsables de OCP, o fue otra cantidad.

Para Aguiñaga, todavía "es muy temprano" para establecer la responsabilidad civil, hasta que terminen las averiguaciones y finalicen las labores de limpieza. Pero OCP "tendrá que resarcir a las comunidades que hayan sido afectadas, no solamente [pagar por los daños a] la fauna y la flora", según la ministra.

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), Marlon Santi, explicó el pasado 4 de marzo que 47 comunidades indígenas se han visto afectadas por el derrame. "La situación es grave", se lamentó. Según sus cifras, nueve personas recibieron atención médica tras "utilizar agua contaminada, ya que nunca tuvieron una comunicación oportuna".

OCP ha negado estos datos. "No existen casos de personas con supuestos problemas de salud ocasionados por la rotura en Santa Rosa", asegura la compañía en un comunicado. La operación del oleoducto continúa "con normalidad", según OCP, desde el 3 de marzo. Transporta un promedio de 200.000 barriles de crudo por día.