MADRID.- Cruz Roja Española está en la recta final de su proyecto para hacer uso de las aeronaves no tripuladas, conocidas popularmente como "drones" en casos de emergencias. El objetivo de la organización es poner la tecnología al servicio del auxilio porque, tal y como señala José Carlos García, responsable de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de Cruz Roja Española: “Los drones nos van a permitir evaluar y dimensionar mucho mejor los riesgos de una catástrofe”.

La institución humanitaria ha confiado en la compañía Zerintia para desarrollar conjuntamente el proyecto, aprovechándose de sus sinergias. Se trata de un acuerdo desinteresado, sin contraprestación económica. Pedro Diezma, CEO de Zerintia, explica que ponen su tecnología al servicio de casos extremos: "La flota de drones es nuestra pero siempre que la necesite, Cruz Roja nos la puede solicitar”.

Aunque Diezma precisa que “utilizar un dron en todo tipo de emergencias no tiene sentido”, lo cierto es que sus aplicaciones son muy diversas. La búsqueda de supervivientes o localización de equipos de rescate en grandes catástrofes —como inundaciones o terremotos— son algunas de las situaciones en las que una aeronave no tripulada tiene especial utilidad. “Más aún si dotamos al avión de una cámara térmica que detecta los focos de calor”, precisa el experto.

La precisión que puede aportar esta tecnología es máxima y, de hecho, Diezma apunta que “ahora se está desarrollando un dispositivo que, mediante el uso del láser, envía las coordenadas exactas en las que se encuentra el superviviente”.

En otras ocasiones, y aunque finalmente sea necesaria la intervención de un helicóptero, la intervención de un dron puede ser más rápida puesto que el aparato se traslada en una mochila a la espalda y se monta en menos de cinco minutos. Desde Cruz Roja, García muestra su satisfacción con las primeras pruebas realizadas hasta la fecha, destacando que “estas tecnologías acortan los tiempos de respuesta en caso de catástrofe y eso significa salvar más vidas”.

Además, otra de las ventajas de estas aeronaves no tripuladas respecto a un helicóptero es su mayor margen de maniobra, hasta el punto de que “se puede callejear entre los edificios o grabar desde una ventana”, asegura Diezma. Otras situaciones en las que los servicios de emergencia contarán con un nuevo aliado es en los incendios —en el de la fábrica de Campofrío en Burgos ya se utilizaron drones— o en las caídas en barrancos, por ejemplo.

La era de los sensores

El dron en el que trabajan Cruz Roja Española y Zerintia forma parte de una iniciativa más global bautizada como EmerTech, con la que se persigue utilizar una plataforma de software libre en combinación con drones, gafas al estilo de las Google Glass o la tecnología para llevar puesta (wearables), tanto para la ayuda en emergencias como para el rescate de personas y la actuación en catástrofes.

Este proyecto, que se encuentra ya al 80% de su desarrollo, es algo que expertos en el mundo de las emergencias como Luis Serrano —estuvo 17 años al frente de Comunicación en el 112 de Madrid— llevan mucho tiempo demandando: “La tecnología por sí sola no resuelve los problemas; es imprescindible que los ingenieros se junten con los expertos en emergencias porque, de otro modo, estaremos perdiendo tiempo y recursos”.

El dron de EmerTech apenas pesa dos kilogramos y se transporta en mochila. Entre las ventajas de sus reducidas dimensiones, Diezma destaca dos fundamentales: por un lado, “cuanto más pequeñas sean sus hélices, más sencillo resultará su control en condiciones meteorológicas adversas, como fuertes rachas de viento y lluvia”. Por otro, su reducido coste “permite arriesgar más al piloto y volar entre barrancos estrechos, por ejemplo, porque en caso de pérdida no es lo mismo que si se tratara de un dron de 50.000 euros”.

El dron apenas pesa dos kilogramos y se transporta en mochila

La aeronave transmite imágenes de vídeo al piloto vía wifi y cuando la distancia es muy larga se instalan repetidores. “Puedes dotarle de casi cualquier cámara en su soporte”, explica Diezma, que añade que ahora están trabajando “en la incorporación de sensores para que, en casos como los incendios con poca visibilidad, se puedan ver temperaturas, niveles de oxígeno, etc, es decir, no tanto ver como sentir”.

Entre los inconvenientes de este tipo de aeronaves se encuentra su autonomía de vuelo, que no supera los 20 minutos. Sin embargo, el cambio de batería no lleva más de un minuto y el dron vuelve a estar en funcionamiento. Asimismo los entornos con mucho cableado o árboles, “por mucha pericia que tenga el piloto, son complicados porque la profundidad visual engaña mucho”. Otro escenario poco propicio para un dron es en el que se den condiciones meteorológicas realmente adversas, aunque “la aeronave tiene GPS para mantenerse en la posición que tú le indicas”, precisa el experto.

Más allá de las Google Glass

Una de las novedades que trae consigo el proyecto de Cruz Roja Española es la incorporación de dispositivos tipo Google Glass, aunque dada la experiencia de los ingenieros de Zerintia, éstos han recurrido también a otro tipo de gafas inteligentes.

“Estamos utilizando las gafas Epson BT 200, con las que, gracias a una parte de la pantalla semitransparente, el piloto puede ver las imágenes que está captando el dron y, al mismo tiempo, ver en su campo visual el dron físicamente volando en el cielo”, precisa Diezma. Como es lógico, habituar la vista a este tipo de visualizaciones múltiples requiere de mucho entrenamiento por parte de los pilotos. “Aunque hacemos entrenamientos de vuelos sin ver el dron”, dice Diezma, “lo idóneo para un piloto es ver la aeronave y poder visualizar al mismo tiempo la cámara o cámaras que lleva instaladas el dron”.

Parón legislativo

Uno de los problemas a los que se enfrentan las entre 50 y 60 iniciativas en que Diezma cifra los proyectos de drones que están llevando a cabo organismos como Cruz Roja en España (como Bomberos, por ejemplo) es el parón legislativo. Hasta el 4 de julio de 2014, los vuelos de aeronaves no tripuladas se movían en la alegalidad porque en España no había legislación al respecto.

El pasado verano se aprobó la actual legislación vigente —que es temporal— y que permite el uso de drones para operaciones de emergencia, búsqueda y salvamento, así como para una limitada lista de otras actividades entre las que se encuentran las de investigación y desarrollo, fumigación, extinción de incendios o publicidad aérea, emisiones de radio y TV, entre otros.

Hasta julio de 2014, los vuelos de aeronaves no tripuladas se movían en la alegalidad porque en España no había legislación al respecto

El propio Diezma advierte de que están pendientes de un cambio en la ley, "que ahora mismo no es especialmente estricta siempre y cuando cumplas todos los permisos y notificaciones, aunque es probable que se vayan a endurecer algunos aspectos”.

Con la ley actual y aunque los casos de catástrofes disfrutan de exenciones —como los permisos previos—, los vuelos han de notificarse cinco días antes para obtener un permiso de la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA). Incumplir la ley puede acarrear sanciones que van desde los 3.000 hasta los 60.000 euros.

En cuanto a los requisitos del propio drone para grabar en exteriores, éste no puede superar los 25 kilogramos de peso y la aeronave siempre ha de permanecer dentro del campo visual del piloto, a una distancia máxima de 500 metros y a una altura no superior a los 400 pies, esto es, unos 120 metros sobre el terreno.

Únicamente para los drones con un peso inferior a los dos kilogramos se permiten su vuelo más allá del alcance visual del piloto. Los drones deben contar con su correspondiente placa de identificación en la que figure la identificación de la aeronave (designación específica o número de serie), el nombre de la empresa operadora y los datos de contacto.

Por su parte, el piloto debe acreditar que posee los conocimientos teóricos necesarios para obtener una licencia de piloto. Esta acreditación puede realizarse bien mediante una licencia de piloto (sirven las de planeador, globo o ultraligero) obtenida en los últimos cinco años o una certificación de conocimientos por parte de la AESA o de una organización de formación aprobada (ATO), cuyo precio no suele ser inferior a los 1.500 euros.