Un informe oficial ha destapado una cascada de irregularidades, retrasos y chapuzas en el desmantelamiento de los ocho reactores soviéticos que quedan en el suelo de la UE, dos de ellos gemelos del protagonista del desastre de Chernóbil. El documento, elaborado por el Tribunal de Cuentas Europeo, desvela 'una importante falta de financiación', alrededor de 2.500 millones de euros, 'lo que pone en peligro la finalización del proceso de desmantelamiento'. En Lituania, las demoras 'tendrán importantes repercusiones en la seguridad nuclear', según el informe.

Durante las negociaciones para su adhesión a la UE, Bulgaria, Lituania y Eslovaquia se comprometieron al cierre anticipado de ocho reactores no mejorables y a su desmantelamiento. Durante la grave crisis de suministro de gas ruso a comienzos de 2009, los tres países presionaron a Bruselas para mantener sus plantas atómicas soviéticas. En el caso de Lituania, el reactor 2 de la central de Ignalina suministraba entonces el 70% de la electricidad que se consumía en la república báltica. El apagón era comparable a que Francia clausurase de golpe sus casi 60 reactores atómicos. Sin embargo, la UE presionó y los tres países dieron su brazo a torcer. El 31 de diciembre de 2009, el último reactor soviético, el segundo de Ignalina, echó el cierre. A cambio, la UE se comprometió a aportar 2.850 millones de euros hasta 2013 para financiar su desmantelamiento y la mitigación de los efectos del apagón nuclear.

El Tribunal de Cuentas destapa una cascada de retrasos y chapuzas

En marzo de 2011, Lituania, Bulgaria y Eslovaquia revisaron al alza sus estimaciones del coste del desmantelamiento, que subieron hasta los 5.300 millones de euros. Se necesitan 2.500 millones. Eslovaquia ha creado un nuevo impuesto sobre la transmisión de la electricidad para buscar fondos propios y continuar con el desmantelamiento, pero Lituania y Bulgaria se han quedado prácticamente de brazos cruzados. La auditoría del Tribunal de Cuentas Europeo detalla la cadena de desaciertos que han llevado a que se disparen los sobrecostes y los retrasos.

'En cuanto al desmantelamiento, pese a que se han alcanzado hitos importantes, el proceso principal está aún por realizar', señala el documento. Bulgaria, que cerró el último de sus cuatro reactores soviéticos en 2006, y Lituania, que desconectó la unidad 1 de Ignalina en 2004, ni siquiera han elaborado un inventario de residuos radiactivos completo a estas alturas. Los planes de desmantelamiento que manejan los operadores de las centrales siguen basándose en datos provisionales. Y las instalaciones donde se almacenarán estos desechos nucleares tampoco están ni se esperan, de momento.

Las demoras tienen repercusiones en la seguridad nuclear, según el documento

El almacén de uranio gastado de Lituania acumula un retraso de 32 meses y unos sobrecostes de 22 millones de euros, más de un 15% por encima de lo presupuestado. 19.000 elementos de combustible nuclear quemado siguen en los dos viejos reactores soviéticos a la espera de la construcción del depósito de desechos radiactivos. 'Estos retrasos tendrán importantes repercusiones en la seguridad nuclear hasta que los elementos de combustible irradiado se almacenen en recipientes blindados', alerta la auditoría. La Comisión lo niega. Según Bruselas, la seguridad nuclear está 'garantizada' por el personal de la central de Ignalina encargado del mantenimiento seguro de las instalaciones.

El Tribunal de Cuentas, que controla las finanzas de la UE desde Luxemburgo, afea el papel del Ejecutivo del portugués José Manuel Durão Barroso en Lituania, Bulgaria y Eslovaquia. Según la auditoría, la Comisión Europea 'no veló' para que los cientos de millones de euros invertidos 'se tradujeran en un conjunto coherente de objetivos'. El Tribunal denuncia 'una supervisión insuficiente del uso eficaz de los recursos' y atribuye esta falta de evaluación a 'un marco político relativamente laxo'.

Pese a los errores detectados, la Comisión de Durão Barroso pretende poner más dinero para completar el desmantelamiento, si Lituania, Bulgaria y Eslovaquia también arriman el hombro. El Tribunal de Cuentas, consciente del estado de las finanzas de la UE tras el hundimiento de Grecia, Irlanda y Portugal, lanza una advertencia: 'Antes de efectuar nuevos gastos, la Comisión debería analizar los recursos disponibles y los beneficios esperados'.

La auditoría reseña detalles sonrojantes. En la central búlgara de Kozloduy, con cuatro reactores, el almacén de residuos, equivalente al que se construirá en España en Villar de Cañas (Cuenca), sufre un retraso de dos años y medio. El presupuesto se ha elevado casi un 20% por el aumento de los precios. En Eslovaquia, el depósito temporal para los desechos altamente radiactivos de los dos reactores de la central de Bohunice, previsto para entrar en funcionamiento en 2010, se encontraba aún en proceso de licitación en el momento de la auditoría.

El Tribunal de Cuentas también critica que, pese a que los ocho reactores se clausuraron entre 2002 y 2009, no se han llevado a cabo todavía los cambios organizativos necesarios para convertir a las empresas que producían electricidad en las centrales soviéticas en organizaciones de desmantelamiento eficaces, como sí se hizo con éxito en España en la central guadalajareña de Zorita, por ejemplo. 'Los departamentos competentes aún dependen en gran medida de los trabajos de los consultores externos, incluso para tareas exclusivamente administrativas', apunta la auditoría. Todos estos retrasos han provocado un déficit de financiación de 426 millones de euros en Eslovaquia, 579 millones en Bulgaria y 1.480 millones en Lituania.

El informe también denuncia casos de presunta picaresca. En Eslovaquia, parte de los fondos de la UE se destinaron a modernizar la red de transporte de la electricidad, con la justificación de que la central de Bohunice era su principal proveedor de energía. El documento reprocha al Gobierno eslovaco que la red ya era obsoleta en el momento en el que se decidió el cierre y habría requerido una mejora aunque la central hubiera seguido funcionando. 'Esta modernización ha beneficiado ante todo a otros contribuyentes a la red de transmisión, por ejemplo otras centrales nucleares', aclara el dossier. Más dinero para las eléctricas eslovacas a costa del bolsillo de los ciudadanos de la UE.

El Tribunal de Cuentas cree que las responsabilidades de estos desaguisados 'son difusas', pero subraya que 'la Comisión es responsable en última instancia del uso de los fondos de la UE, que son gestionados por su Dirección General de Energía'.

Los errores detectados en Eslovaquia, Bulgaria y Lituania deberían ser útiles para no repetirlos en el futuro. A mediados de 2011, en la UE había 220 reactores nucleares, 77 de ellos cerrados y la mayoría de estos en proceso de desmantelamiento. El Tribunal de Cuentas recuerda que aproximadamente un tercio de los 143 reactores en funcionamiento en 14 estados miembros tendrán que cerrar de aquí a 2025. Incluso alguno más, si no superan las pruebas de resistencia obligatorias tras el desastre de Fukushima.

La Comisión ha respondido a las acusaciones del informe del Tribunal de Cuentas, firmado por su presidente, el portugués Vítor Manuel da Silva Caldeira, el 26 de octubre de 2011 y divulgado ayer. En su defensa, el Ejecutivo de Durão Barroso argumenta que los 2.850 millones de euros comprometidos 'no eran una proporción determinada de los costes estimados, sino una expresión de la solidaridad entre la UE y los Estados miembros afectados'. Sin estos fondos, opina la Comisión, el inicio del desmantelamiento no habría sido posible por 'las presiones políticas' que se vivían en Eslovaquia, Bulgaria y Lituania para mantener en funcionamiento los reactores soviéticos.

Bruselas considera que los programas 'han logrado resultados en cuanto al objetivo general de mejorar significativamente la seguridad nuclear', además de ayudar a los tres países a mitigar los efectos de la clausura de sus reactores. 'Los retrasos y los sobrecostes no son inusuales, dado que los proyectos financiados por los programas suelen ser largos, complejos y delicados desde el punto de vista político', concluye la Comisión.