El juicio que ha enfrentado dos formas de entender la difusión de la cultura se saldó ayer con una condena para los responsables de The Pirate Bay (TPB), el mayor buscador de descargas de Internet. El tribunal de Estocolmo ha condenado a Frederik Neij, Gottfrid Svartholm Warg, Carl Lundström y Peter Sunde a un año de prisión y al pago de una multa de 2,7 millones de euros al considerar que estaban incitando a violar las leyes sobre los derechos de autor.

La web de TPB se ha convertido en una referencia para la descarga de archivos y más de 22 millones de usuarios lo utilizan. China, EEUU y España son los países que más acceden a este buscador. Sus creadores se autodefinen como 'los mayores distribuidores de cultura del mundo' , pero han sido calificados como 'la fuente de un inmenso daño a las industrias culturales' por un portavoz de la Motion Picture Association tras conocer la sentencia.

El futuro, idéntico al presente

TPB siempre ha defendido que no existe diferencia entre la actividad que realizan y la que lleva a cabo Google ya que, en ambos casos, sólo se clasifica un acceso a los contenidos que ya están en la Red, y que no se almacenan en servidores propios. Este argumento, que ha resultado el motor absolutorio en sentencias españolas anteriores, no ha sido de utilidad en el juicio sueco, ya que los responsables de TPB han sido declarados culpables de un delito de fomento de las descargas, figura legal en Suecia pero no en España.

El portavoz de TPB Peter Sunde fue el primero en anunciar la sentencia condenatoria mediante el servicio de mensajes cortos en Internet Twitter, desvelando que su abogado apelará la decisión del tribunal y que este juicio ha sido sólo 'la primera batalla'. En este sentido, el abogado especializado en nuevas tecnologías Javier de la Cueva puntualiza que no se ha condenado la ilegalidad de TPB porque 'el buscador sigue abierto y en la sentencia no se hace referencia a un posible cierre'.

El caso sueco contra TPB ha sido utilizado por la industria discográfica y audiovisual como paradigma mundial de un posible fin de las descargas de contenidos con copyright. El presidente de la IFPI, organización que representa unas 1.400 compañías discográficas, John Kennedy, trató ayer mediante un comunicado oficial de extender la condena de los responsables de TPB a todas las páginas que facilitan enlaces, pese a la aplicación local de las leyes: 'Esta es una buena noticia para todos los que viven de una actividad creativa y ha confirmado la ilegalidad de estos servicios'. Kennedy, que añadió que la sentencia reflejaba la gravedad de los delitos, no se pronunció con respecto a la diferencia entre la condena y la petición de más de nueve millones de euros que exigían los demandantes.

'Marco fiable'

Desde España, el director de La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, Joan Navarro, mostraba una postura similar a la expresada por la IFPI, manteniendo que esta sentencia 'establece un marco jurídico fiable y que da garantías a los que apuestan por la generación de contenidos'.

En el lado contrario, el analista sueco Anders Rydell, autor de un libro en el que se narra la historia de TPB, destacaba en Wired antes de que se conociese la sentencia cómo una condena podría ser contraproducente para la industria audiovisual: 'Serán mártires, y ellos mismos u otros seguirán sus ideales incluso con más fuerza'. De la Cueva coincide con esta postura y matiza cómo esta sentencia 'no establece ningún marco jurídico porque no es firme'.

El abogado sostiene que TPB tiene un elemento cualitativo que le aporta valor más allá de las descargas en sí. 'Hacen de su lucha una causa que en la doctrina jurídica se considera desobediencia civil', puntualiza, y cree que la postura de TPB ha sido especialmente irritante para la industria porque luchan, sin esconderse, contra la derogación de unas leyes que consideran ilegítimas.

Para que haya una sentencia penal condenatoria contra una web en España deben concurrir dos factores: el ánimo de lucro y la comunicación pública no autorizada de una obra. Este último concepto exige que las obras estén alojadas en los servidores de la web.

La Audiencia Provincial de Madrid sobreseyó en firme y sin posibilidad de recurso las actuaciones que se seguían contra Sharemula, una web que suministraba enlaces a redes de intercambio de archivos, como The Pirate Bay.

Ante la imposibilidad de conseguir sentencias condenatorias por la vía penal contra las páginas que facilitan enlaces, la industria ha interpuesto demandas civiles que se encuentran a la espera de juicio. Pablo Soto, creador de programas P2P, se enfrenta a un juicio en el que le reclaman 13 millones de euros.

La semana pasada se difundió la “primera condena” a una página de enlaces P2P que resultó ser una sentencia de conformidad que el acusado aceptó para no tener que enfrentarse a una demanda civil.

Patricia Fernández de Lis

Las grandes productoras de música y cine lo celebrarán. Las gestoras de derechos de autor asegurarán que se trata de una sentencia “pionera y precursora”. Los medios de comunicación que pertenecen a grandes grupos de producción cultural publicarán que se trata de una decisión que acalla a quienes “se desgañitan” para defender las descargas en la Red. La sentencia del caso de The Pirate Bay es, efectivamente, el golpe más duro que ha sufrido el intercambio de archivos desde el cierre de Napster, en 2001. Y no tiene la más mínima importancia.

Es improbable, para empezar, que The Pirate Bay cierre. Sus gestores recurrirán, los servidores de la compañía están fuera de Suecia y su legión de seguidores está dispuesta a sufragarles. Pero, además, si cerrara, los internautas utilizarán Mininova. Y si este sitio también es clausurado, visitarán cualquiera de los más de 50 sitios que, sólo en español, ofrecen enlaces torrent. The Pirate Bay agoniza, viva el P2P.