Una cámara de reconocimiento facial por cada dos habitantes. Así de vigilados están los ciudadanos que salen a la calle en las principales ciudades chinas. Están en el transporte público, en colegios, bancos, oficinas, edificios residenciales, comercios...

Según datos de 2023 de un estudio de Comparitech, una compañía especializada en informes sobre ciberseguridad y privacidad, China tiene más de 626 millones de cámaras de CCTV. Repartidas entre sus 1.430 millones de habitantes –incluyendo zonas rurales y urbanas–, tocan a 439 por cada 1.000 personas –en las ciudades, quizá, más–.

Poco se puede hacer allí que escape ese enorme sistema conectado a una igualmente gigantesca base de datos de la población. Hasta los peatones que se saltan un semáforo quedan retratados en tiempo real –e identificados con nombre y apellidos–, para ser expuestos y avergonzados en grandes pantallas digitales en la vía pública.

Pero el primer objetivo de esta red de cámaras inteligentes no es solo sonrojar a los chinos, sino, según declaraciones de Meng Jiazhu, secretario del Comité Legal y Político del partido Comunista, proteger la "estabilidad social" y señalar la "identidad individual".

Para ello, "analizamos a los perfiles sospechosos y advertimos a la policía de su presencia, teniendo en cuenta características que incluyen etnicidad o historial delictivo o cualquier cosa que resulte anormal", explica.

Alerta de comportamientos "anormales"

En urbes como Pekín, Guiyang o Shangai, podemos encontrar cámaras a cada paso, conectadas a la Policía, que guarda un catálogo digital de todos y cada uno de los ciudadanos, donde cada cara está vinculada a su número de identidad... y todos sus movimientos (dónde van, dónde y qué compran, con quién se juntan...).

¿Dónde está el límite de lo considerado sospechoso? Por lo pronto, el Gobierno de Xi Jinping informa que los perfiles que están en el punto de mira de su sistema de vigilancia son siete: terroristas, criminales peligrosos, drogadictos, personas en busca y captura, gente con problemas mentales, gente que puede "amenazar la estabilidad” y personas que presentan quejas o alegaciones ante las administraciones públicas.

Dentro de los que amenazan la estabilidad entran, indistintamente, todos los miembros de ciertas minorías étnicas, como los uyghur del sur de Xinjiang. Un detalle que encaja a la perfección en nuestra idea de lo que debe ser un sistema opresivo autoritario donde las libertades civiles son pisoteadas.

Igual ocurre en otras dictaduras fuertemente monitorizadas por sistemas de cámaras con reconocimiento facial, como Arabia Saudí. No es, sin embargo, algo que nos pille tan lejos como creemos.

Europa, videovigilada

Según cálculos de IHS Markit, hay más de 1.000 millones de cámaras de videovigilancia en el mundo. Y es una cifra conservadora, que solo toma en cuenta los sistemas públicos de CCTV (televisión de circuito cerrado), empleados por los gobiernos. De esta cantidad, el 54% está en China.

El resto está repartido entre ciudades de todo el globo, por este orden: India –sus ciudades Hyderabad, Indore y Delhi–, Singapur, Moscú, Bagdad, Corea del Sur, San Petersburgo, Londres y Los Ángeles.

Son las conclusiones de una concienzuda investigación que hizo Comparitech sobre 150 grandes ciudades, con datos de informes gubernamentales, policiales, estudios académicos y medios de comunicación –y, ante la duda, tomando siempre la cifra más conservadora–.

Pero la fiebre del control visual con inteligencia artificial también arrasa en Europa. Tras Londres, las ciudades de los estados miembros más videovigiladas son Berlín, Varsovia, Viena, Estambul, Madrid, Budapest, Atenas y París.

Lo curioso es que, como reflejan los datos, tener más cámaras de videovigilancia no guarda correlación con menor índice de criminalidad. Por ejemplo, en el ranking europeo de CCTVs públicas, se observa una relación inversamente proporcional: las ciudades que más tienen –Londres y Berlín– registran más delincuencia que las que tienen menos –como Vasovia y Viena–.

España, en sexto lugar

En nuestro país, a pesar de que el reconocimiento facial está prohibido, salvo ciertas excepciones otorgadas a los cuerpos de seguridad, la tendencia también va en aumento. Según el citado análisis, en Madrid hay 27.252 cámaras, es decir, 4,42 por cada 1.000 habitantes.

Aparte de la capital, seguida de Barcelona, otros municipios españoles destacan por su implementación de estos sistemas, como Las Rozas, que tenía 300 cámaras en febrero de este año.

En esta localidad de la Comunidad de Madrid, la Policía ya las emplea para prevenir actos criminales y para identificar a quienes los cometen. Como no es legal que lo hagan mediante datos biométricos –como el rostro–, se centran en otros rasgos de la persona videograbada, como son su sexo, indumentaria, su edad aproximada, color de pelo o talla.

Olimpiadas orwellianas

Aunque París por el momento está por detrás de Madrid en cuanto al número de CCTVs instaladas, parece que va a ser por poco tiempo. Francia se está preparando para utilizar sistemas de videovigilancia masiva durante las Olimpiadas –en julio de 2024–, según aprobó la Corte constitucional del país el pasado mayo.

En la práctica, esto significa que las más de 600.000 personas que se espera que acudan al evento serán escaneadas en tiempo real y analizadas mediante filtros de inteligencia artificial para detectar "comportamiento anormal o sospechoso" y prevenir trastornos del orden público.