La situación crítica de la central nuclear de Fukushima ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre las políticas nucleares, tal y como ocurrió tras el desastre de Chernóbil en 1986. Ese accidente está considerado por los ecologistas como motor del referéndum que, en 1987, apartó definitivamente a Italia de la explotación de energía nuclear. Las cuatro centrales que en aquel momento funcionaban en el país dejaron de hacerlo entre 1989 y 1990.

Sin embargo, parece que Italia podría dejar pronto de ser el único país del G-8 que no produce energía nuclear. En 2008, el Gobierno de Berlusconi anunció su propósito de volver a generar energía atómica, una voluntad que no se ha quebrantado tras el accidente de Japón. Además de Italia, Suecia es el único país en el que se ha llegado a hacer consultas internas sobre el futuro de las centrales nucleares. No obstante, en otros países como Austria o Suiza sí se han llevado a cabo referendos para sondear a la opinión pública sobre la instalación de nuevas plantas.

Los suecos dieron, ocho años antes que los italianos, su no a la energía nuclear. En 1980, el Parlamento de Suecia decidió que no se iban a construir las plantas nucleares que estaban en proyecto y anunció el cierre progresivo de todas las centrales antes de 2005. Sin embargo, los ecologistas denuncian que, aunque se han cerrado dos reactores, aún hay diez más en funcionamiento. En junio de 2010, el Parlamento sueco aprobó retirar la moratoria nuclear vigente desde los ochenta. En Austria, la construcción de la planta de Zwentendorf tuvo tal resistencia popular que el Gobierno se vio obligado a convocar un referéndum en 1978. Los austríacos se mostraron contrarios a la instalación de la central, que nunca llegó a funcionar.

En España, formaciones políticas como ICV y Equo califican de "buena idea" la celebración de un hipotético referéndum sobre la energía atómica. Los ecosocialistas presentarán proposiciones en el Congreso y el Parlament de Catalunya sobre un "plan puente" que garantice el cierre de las centrales nucleares antes de 2025.

En Equo instan además al Gobierno a que "cumpla con sus compromisos y ponga en marcha el cierre escalonado de las centrales" que detalló el PSOE en su programa electoral de 2008. En esta misma idea insisten también los miembros de Greenpeace, que acusan al Ejecutivo de "engañar" a los ciudadanos.

La posibilidad de presentar una iniciativa legislativa popular no es una puerta que cierren los antinucleares, aunque se muestran conscientes de "la dificultad de recoger las 500.000 firmas que se necesitan para que se llegue a tramitar en el Congreso".