¿Qué hacer cuando se nos niega el derecho a respirar?

No hay derecho más claro que el que tenemos a respirar. Ni más oscuro, dada la gran cantidad de pequeñas partículas contaminantes y compuestos tóxicos que flotan en el aire, sobre todo en las ciudades.

De hecho, por si aún hacía falta dejarlo por escrito, en 2022, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución que reconocía, dentro de los derechos humanos, el derecho a vivir en un entorno que no nos enferme, con 161 votos a favor y ninguno en contra.

Sin embargo, los datos parecen ir a la contra. La Agencia Europea del Medioambiente alertaba de que, solo en 2021, fallecieron en España 21.000 personas debido a enfermedades agravadas por la mala calidad del aire. La mitad de las muertes ocurrieron durante episodios de alta contaminación, afirma un estudio del Instituto de Salud Carlos III. Tanto es así que la polución atmosférica causa 20 veces más muertes que los accidentes de carretera.

Los más vulnerables son pacientes con cardiopatías o dolencias respiratorias, así como mujeres embarazadas y niños, según informa la asociación Salud por Derecho.

Superamos el límite máximo de la OMS

En la misma línea, un informe de la Agencia Europea de Medioambiente publicado el año pasado señala que la calidad del aire es la mayor amenaza medioambiental para la salud en la UE. En 2020, el 96% de la población urbana europea respiró concentraciones de partículas finas superiores al nivel máximo establecido por la OMS –5 microgramos por metro cúbico–, con más 238.000 muertes atribuidas a este tipo de contaminantes y el equivalente a 175.702 años de vida con discapacidad –debido sobre todo a enfermedad pulmonar obstructiva–.

Por su parte, la presencia de altos niveles de dióxido de nitrógeno causó 49.000 muertes prematuras y la exposición a ozono, 24.000, de acuerdo con el citado estudio.

Ante este panorama, desde 2015, se han abierto más de 1.000 casos judiciales en todo el mundo contra gobiernos y empresas, relacionados con el estado del medioambiente. Las denuncias de ciudadanos a las autoridades no han cesado en un lento pero insistente goteo.

Denuncias a gobiernos y empresas

Una de las victorias más sonadas en la Justicia en este campo fue la sentencia que reconocía que la contaminación ambiental "contribuyó materialmente" a la muerte de la niña de nueve años Ella Adoo-Kissi-Debrah, que vivía junto a la carretera que circunvala Londres, muy transitada y con altas emisiones, y falleció de un ataque de asma en 2013.

A finales de 2022, un grupo de siete residentes de Berlín, Munich, Frankfurt y Dusseldorf –cuatro de las ciudades más industrializadas de Europa– demandaron a su Gobierno por violación de derechos humanos, alegando que se estaba poniendo en jaque su necesidad vital de respirar aire limpio y sano.

En su demanda, aseguran que han desarrollado asma a causa de la contaminación y que tienen que escapar al campo siempre que pueden para recuperarse. Aún están a la espera de sentencia.

Otro caso de peso, abierto en marzo de 2024, es el de la denuncia de dos grandes asociaciones estadounidenses, con millones de miembros, The Center for Biological Diversity y Sierra Club, contra la Agencia de Protección Medioambiental de su país (EPA).

La acusan de no tomar medidas efectivas para limpiar el dióxido de azufre del aire, cuyos niveles sobrepasan los recomendados para la salud en nueve estados, donde viven 1,6 millones de personas.

La mayor parte de este compuesto tóxico proviene de la quema de combustibles fósiles en las plantas eléctricas y de procesos industriales establecidos en la zona, como refinerías, plantas químicas o metalurgia.

La misma EPA reconocía que respirar dióxido de azufre solo cinco minutos puede dañar la salud de una persona, con daños que, acumulados en el tiempo, pueden ser fatales en los sistemas cardiovascular y respiratorio.

En España, Barcelona y Madrid tienen suspenso

España tampoco se queda atrás. Por el momento, fue condenada por el Tribunal de Justicia Europeo, a finales de 2022, por incumplir de forma sistemática y continuada la directiva relativa a calidad del aire en Madrid, Barcelona y dos comarcas catalanas industriales, el Baix Llobregat y el Vallès.

En concreto, Madrid y Barcelona sobrepasaban los niveles máximos de emisiones de dióxido de nitrógeno, tóxico y proveniente sobre todo de los tubos de escape de vehículos de combustión.

Según un ranking publicado por el Instituto de Salud Global de Barcelona, tres ciudades españolas se encuentran entre las diez primeras de Europa con mayor número de muertes provocadas por dióxido de nitrógeno.

¿Qué podemos hacer? Como señala Jane Burston, directora de la asociación medioambiental Clean Air Fund, "tanto si la gente lleva a juicio a gobiernos y empresas como si actúa haciendo campañas sociales o mediante su voto en las urnas, el cambio está sucediendo y los políticos y compañías más inteligentes están actuando".