La oposición cargó ayer contra el secretario de Estado de Energía, Fabrizio Hernández, denunciando "la contradicción y sinsentido" que supone su nombramiento, según la portavoz de ICV, Núria Buenaventura, después de que firmase, meses antes de ser designado, un informe pericial favorable a Nuclenor, propietaria de la central de Garoña y contrario al criterio del Ejecutivo. "No entiendo por qué el Gobierno lo ha nombrado ni por qué ha aceptado", le reprochó Buenaventura durante su comparecencia ante la Comisión de Industria del Congreso.

"Nunca he realizado ningún trabajo directo para una empresa energética, sino de consultoría, como asalariado. Tampoco soy accionista ni he ocupado puestos en la dirección de ninguna empresa energética", se defendió el secretario de Estado.

El informe elaborado por el secretario de Estado cifraba en 951,4 millones de euros el daño económico que supondrá la decisión del Gobierno de cerrar la planta burgalesa en julio de 2013. Esa cantidad es, precisamente, la que reclama Nuclenor al Estado como indemnización por su clausura.

"¿Está de acuerdo con la cantidad que pide el perito de Nuclenor?", le preguntó el diputado del PP Javier Gómez Darmendrail. "Si el lucro cesante no son 951 millones, habría un peritaje falso y si dice que hay que pagar 951 millones, causaría ese daño al Estado", abundó, antes de instar a Hernández a "inhibirse en este caso" y urgir al ministro de Industria, Miguel Sebastián, "a dar la cara".

"No hay ninguna decisión sobre el cierre de Garoña sobre la que pueda o deba inhibirme, porque el cierre está ya decidido", replicó Hernández. El responsable de la política energética en el Ministerio de Industria defendió el informe en el que Nuclenor basa su pleito contra el Estado, al señalar que el estudio "no prejuzga ni opina ni se manifiesta sobre la decisión del Gobierno" de cerrar la planta, sino que se limita a calcular una "cuantificación económica" sobre el lucro cesante de la central.

"¿Cómo no voy a estar de acuerdo con ese informe si lo he firmado yo?", respondió al PP. El documento, fechado un día antes de que Nuclenor formalizase su demanda, sostiene que Garoña "está en condiciones de seguir en funcionamiento" más allá de la fecha programada para su cierre.