Las próximas elecciones al Parlamento Europeo cuentan con un invitado imprevisto, el software libre. Las principales asociaciones de usuarios de programas de código abierto europeos, a las que se ha unido la española HispaLinux, han puesto en marcha de su Pacto por el Software Libre, con el objetivo de influir a los partidos políticos en la votación del próximo 7 de junio.

Esta "iniciativa ciudadana", como es calificada por sus impulsores, defiende la implantación de programas que se pueden utilizar, modificar y compartir, al contrario de sistemas propietarios como Windows de Microsoft o Mac OS de Apple. El Pacto se materializa en un documento en el que los candidatos a las elecciones europeas pueden informar a sus votantes sobre si apoyan o no el desarrollo y la utilización de este tipo de software, posicionándose a favor de su protección legislativa. El presidente de HispaLinux, José María Lancho, sostiene que este documento se va a enviar a todos los eurodiputados, "puesto que no se trata de una cuestión partidista sino del conjunto de la ciudadanía".

La iniciativa nace en 2007, cuando la asociación francesa April comenzó a sensibilizar a los candidatos con una campaña que se desarrolló durante las pasadas elecciones presidenciales y legislativas, y continuó en las elecciones municipales de 2008. En la actualidad, 72 miembros de la Asamblea Nacional francesa han suscrito el documento. Existen otras experiencias europeas, como la italiana Associazione per il software libero, que comenzó la campaña en las elecciones del año pasado.

Lancho cree que es "vital otorgar el poder de decisión al ciudadano en una cuestión en la que, hasta la fecha, no ha podido decidir; y no es banal, puesto que obviar que las nuevas tecnologías han creado un nuevo modelo de Estado y de ciudadanía sería engañarse".

Oportunismo en España

Aún es pronto para realizar una valoración de las adhesiones políticas al Pacto, pero Lancho es rotundo al afirmar: "Nuestros políticos conocen el concepto de software libre, lo manejan, pero hasta ahora se han dejado guiar por criterios de oportunidad a corto plazo". Los defensores del software libre argumentan principios de funcionalidad y no dependencia de proveedores concretos. Lancho precisa que es "un deber" de la estructura informática pública "ser independiente y tener capacidad de decisión sobre su propio desarrollo".

Cuando faltan menos de dos meses para que la Administración General del Estado haga públicas las cifras de su gasto en tecnologías de la información, los últimos datos publicados revelan que el software, con casi 158 millones de euros, absorbió un 13% del total del gasto, que superó los 1.200 millones. Los ministerios de Economía y Hacienda y de Trabajo y Servicios Sociales acaparan las mayores cantidades, con 37 y 31 millones de euros, respectivamente. Vivienda, Presidencia y Sanidad y Consumo se sitúan a la cola del gasto, con unos llamativos 1,8 millones de euros en la cartera de Trinidad Jiménez, que supone un 8% del total de su inversión en tecnología.

En este punto, Lancho denuncia que continúan incluyéndose entre los requisitos de los concursos públicos el soporte a tecnologías propietarias, y añade que "esas convocatorias discriminan a muchas otras empresas y tecnologías". Por este motivo, apuesta por cambios como "el realizado por el ministerio de Asuntos Exteriores alemán, que reemplazó todo su software propietario por libre".