Finaliza la primera jornada en el juicio contra Pablo Soto que se enfrenta con Promusicae (Asociación de Productores de Música de España) y las discográficas Warner, Universal, Emi y Sony BMG, en la que se ha convertido en la mayor demanda en España contra un creador de un programa P2P.

La industria discográfica y Promusicae han asegurado que los argumentos de la defensa pretenden conformar ideas complejas para confundir en torno a una única idea clara: 'Nos están robando'.

La asociación y las empresas demandantes exigen 13 millones de euros a Soto, por haber desarrollado los programas Blubster, MP2P y Piolet que, aseguran, les ha causado daños por la utilización que los usuarios han realizado de estas aplicaciones descargándose contenidos protegidos por derechos de autor.

En las primeras horas de desarrollo del juicio se ha hecho evidente su tremenda repercusión mediática. En la sala del Juzgado número 4 de lo mercantil en la calle Gran Vía de Madrid están presentes medios de comunicación y más de medio centenar de personas.

Ya han declarado los representantes de la acusación: las cuatro discográficas y Promusicae. Todas las compañías se han negado a indicar a qué precio venden los temas musicales a los portales de Internet. Argumentan que se trata de una información confidencial. Además, coinciden en especificar que venden 'a muchos' portales de venta de música online.

El abogado de la defensa, José Ignacio Aguilar, cree que el hecho de no indicar estos precios 'vulnera el derecho a la defensa en un aspecto capital del procedimiento', para así conocer el cálculo por el que exigen los 13 millones de euros de indemnización.

Los representantes de las discográficas comentan contínuamente sus declaraciones e incluso se arropan y animan. Tras la declaración de la portavoz de Warner los demás en el banco de la acusación la han animado indicándle que lo había 'hecho muy bien'.

Promusicae ha considerado que 'la finalidad principal de estos programas es el intercambio de obras sujetas a derechos de autor', mientras uno de los abogados de Soto, Javier de la Cueva, afirma que la demanda busca 'criminalizar la innovación'.

La defensa argumenta que 'el uso que se haga de un programa no depende de quién lo haya creado sino de quién lo utilice y para qué'. Aunque en casos similares en EEUU las sentencias se han saldado a favor de las discográficas en España 'no existe ningún precedente', matiza De la Cueva.

El proceso que se inicia hoy será largo y complicado. Sea cual sea la sentencia final, ambas partes han asegurado que apelarán si la misma les perjudica. Así, el caso puede llegar al Tribunal Supremo, pudiendo demorarse una década en su tramitación.