La IFPI, la mayor asociación internacional de compañías discográficas (representa a unas 1.400) ha elaborado un documento con las medidas que los proveedores de acceso (ISP) deberían implantar para impedir el intercambio de música. El trío de medidas estaría formado por el filtrado de contenidos protegidos, y el bloqueo tanto de los programas de intercambio P2P como del acceso a páginas conocidas como fuente de archivos.
La Fundación Fronteras Electrónicas (EFF), una asociación que ha llevado a los tribunales a la industria musical estadounidense y que creó su sección europea este año, ha tenido acceso al documento. En él, la IFPI recuerda que en 2006 hubo unos 20.000 millones de descargas musicales en el mundo. Para detener la sangría de ingresos, las discográficas insisten en la necesidad de que los proveedores de acceso instalen tres medidas que son viables técnicamente y asumibles económicamente.
La primera sería filtrar el tráfico de Internet a la caza de archivos musicales. Las canciones protegidas por derechos de autor llevan una marca digital que permitiría su detección y bloqueo. Esta tecnología y las bases de datos con las listas de archivos ya están siendo desarrolladas e, incluso, algunos programas como Kazaa lo usan, tras haber pasado por los tribunales.
Una segunda medida que la IFPI vería con buenos ojos es el bloqueo de determinados protocolos. Cada servicio de Internet, como el correo electrónico o la navegación por la web, usa un protocolo concreto. Lo que quiere la industria musical es que lo proveedores impidan a sus clientes el acceso a los programas de intercambio de archivos, P2P, mediante el bloqueo del tráfico de sus protocolos o al menos el de los programas más conocidos.
Por último, la organización que representa a asociaciones de 49 países plantea que los ISP eviten que sus usuarios accedan a páginas web donde se intercambia y que estén alojados en otro ISP o país. Su ejemplo es Pirate Bay, un sitio sueco que alberga archivos tipo “.torrent”, usados por programas como BitTorrent.
El coordinador de la sección europea de la EFF, Erik Josefsson, envió una carta la semana pasada al Comité de Cultura y Educación del Parlamento Europeo. Pedía el rechazo de cualquier intento de filtrado de contenidos en la Red. Argumenta que estas medidas irían contra los derechos de los consumidores europeos, que el filtrado perjudicaría a la innovación en Europa y que, al final, serviría de poco, ya que los usuarios siempre podrían encriptar los archivos y ocultar su contenido.
Por su parte, la oficina regional de la IFPI, aunque reconoce la existencia del documento, niega que haya enviado ningún informe oficial a los legisladores europeos.
El informe Olivennes da sus primeros frutos
La sociedad de gestión de derechos de autor francesa, SACEM, ha conseguido de la Comisión Nacional de Informática y Libertades autorización para vigilar el tráfico en los programas de intercambio de archivos. La ‘SGAE’ gala podrá así investigar hasta conseguir la dirección IP de los usuarios. No obstante, será un juez el que autorice su identificación. La petición estaba bloqueada desde 2005.
Una autoridad pública sancionará a los usuarios
El informe Olivennes prevé la creación de un organismo con capacidad de recoger las denuncias de la SACEM y sancionar a los internautas, pudiendo llegar a decretar su desconexión de la Red.
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