Este artículo se publicó hace 11 años.
Condenado el marqués de Falces por vender la Tizona, la espada del Cid
José Ramón Suárez de Otero tendrá que pagar 750.000 euros a los herederos de su tío, Pedro Velluti, por la venta realizada en 2007 a la Junta de Castilla y León
El marqués de Falces, José Ramón Suárez de Otero, ha sido condenado a pagar 750.000 euros a los herederos de su tío, Pedro Velluti, que corresponde a la mitad de lo que cobró en 2007 por la venta de la Tizona, la espada del Cid Campeador. La sentencia, dictada por un juzgado de Madrid, da la razón a la familia, que reclamaba esta cantidad por considerarse propietaria de la mitad de la Tizona.
Los herederos actuales de Pedro Velluti son las tres hijas de Salustiano Fernández Suárez, un pescador de Luarca (Asturias), y su esposa, Jacinta Méndez.
El marqués de Falces, Pedro Velluti Murga, fue cuidado por este matrimonio asturiano durante cerca de treinta años, los últimos diez en Gijón, donde falleció en 1986. El marqués, que era invidente y soltero, les hizo herederos universales tras haber sufrido el abandono de su única hermana.
Entre esos bienes estaba la espada del Cid, depositada por la firma conjunta de Pedro Velluti y su hermana Olga desde los años setenta en el Museo del Ejército de Madrid. Cuando el título de marqués de Falces pasó a un sobrino de Pedro Velluti, José Ramón Suárez de Otero, éste realizó gestiones para vender la espada a algún organismo oficial español. En ese momento la familia de los cuidadores del marqués se enteró de que la espada era parte del legado familiar y de que podía tener un valor elevado.
La venta de la Tizona se llevó a cabo, finalmente, en 2007 por 1,6 millones de euros. La Junta de Castilla y León, con capital aportado por empresarios de Burgos, adquirió por esa cantidad la espada al actual marqués de Falces, y el asunto llegó en noviembre a los juzgados madrileños, donde la familia asturiana reclamó y ahora ha obtenido la mitad de ese dinero, 750.000 euros. Contra la sentencia cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid.
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