División en los sellos independientes

El manifiesto que ayer emitieron 17 discográficas y distribuidoras de música independiente para exigir al Gobierno medidas de ayuda al sector ha nacido dividido. Dos de las discográficas firmantes, BCore y Kasba, se desvincularon del escrito al conocer que demanda la penalización del internauta que se descarga música de forma gratuita.

"La primera premisa que puse para firmar el manifiesto fue que no castigara al usuario final. Si la línea es esa, yo me desvinculo del tema", declaró ayer a Público el director del sello BCore, Jordi Llansamá.

El responsable de Kasba, Joni Sahun, añadió que "para nada queremos que se haga algo como en Francia", en relación a la ley gala que castiga al usuario con la desconexión, medida que se pone como ejemplo en el comunicado de ayer.

"Para nada queremos que se haga algo como en Francia"

El manifiesto reclama al Gobierno "la adopción inminente de medidas efectivas que vengan a proteger los derechos e intereses de la industria discográfica y los derechos de propiedad intelectual de los agentes que intervienen en el proceso de creación musical dentro de la Red".

El documento, presentado la semana pasada ante el Ministerio de la Presidencia y el resto de ministerios que componen la comisión interministerial creada por el Ejecutivo para buscar soluciones a la piratería en Internet, lamenta en su parte final "la imposibilidad actual de ejercer acciones civiles contra aquellos usuarios finales que se apropian gratuitamente de los productos musicales" y demanda "medidas dirigidas a evitar las descargas ilegales y penalizar al infractor final". Para Llansamá, "esto es una locura, es un discurso más duro que el de las multinacionales".

El portavoz de la Unión Fonográfica Independiente (UFI), Miguel Ángel Sancho, uno de los defensores del manifiesto, avanzó ayer que "en caso de que el Gobierno no tome medidas urgentes y prácticas, denunciaremos a la Administración y exigiremos indemnizaciones por negligencia y la falta de un marco legal. Le damos un mes de plazo".

Sancho reclamó que los sellos independientes tengan una voz principal: "Al Gobierno sólo le llega la voz de las multinacionales y de la SGAE, pero ellos no son todo. Nosotros editamos el 80% de los discos que se publican en España. Somos una red imprescindible".

"Al Gobierno sólo le llega la voz de las multinacionales y de la SGAE"

Sin embargo, en el seno de la misma UFI hay división de opiniones. Por un lado, David López, de Limbo Starr (sello de Nacho Vegas), afirma estar "de acuerdo con el documento. El Gobierno tiene que actuar para que no haya impunidad en la Red y no impere la sensación del gratis total". Por el otro, Joan Vich, de Primeros Pasitos, explica: "Los sellos tenemos que buscar soluciones. Que la música se pueda escuchar de forma universal es un avance para la sociedad y somos nosotros los que tenemos que adaptarnos".

El usuario manda

Es lo que han hecho sellos como Aloud Music o Producciones Doradas, que además de vender discos físicos, los cuelgan gratuitamente en Internet. "Mi política es escuchar al usuario final y ver lo que quiere. Hay que modernizar las ideas y no culpabilizar a los oyentes", explica Sergio Picón, de Aloud.

Daniel Granados, de Producciones Doradas, cree que Internet "posibilita otras maneras de hacer, una nueva economía de la cultura que parte de una nueva situación que ha terminado con algunos de los paradigmas clásicos de la industria musical, algunos de ellos no precisamente justos para con los artistas ni para con los consumidores".

El polémico escrito de las ‘indies’

¿Quiénes son?
17 sellos contra el gobierno y los usuarios
En total, son 17 las productoras y distribuidoras que han lanzado un órdago al Gobierno. Entre ellas, destacan Discmedi (Antonia Font, Manel), Pias Records (distribuye a Tom Waits y Franz Ferdinand) o Popstock (distribuye a Radiohead).

Su mensaje
O se toman medidas o denunciarán al Gobierno
Si el Gobierno no toma medidas, estos sellos amenazan con iniciar “un procedimiento contra la Administración en calidad de responsable patrimonial de los daños que se han generado como consecuencia de la piratería digital y la pasividad de las autoridades”.