Durante los últimos años, la SGAE ha llevado a cabo una serie de actuaciones dirigidas a reforzar su posición de monopolio y a ampliar su área de influencia, algo que no siempre ha dado los frutos esperados y que le ha empujado a la situación de crisis actual. Una de las vías por las que la entidad ha podido disponer de grandes cantidades de dinero han sido los derechos anónimos o prescritos, es decir, aquellos que el autor no reclama por no ser conocido, estar ilocalizable o porque sencillamente no los ha exigido a tiempo. Los estatutos de la gestora fijan en cinco años el plazo máximo para reclamar los beneficios no cobrados por autores, lo que le ha permitido disponer de 10 millones de euros de media cada año, que eran sacados del fondo común de reparto. En concreto, entre 2005 y 2007, la SGAE se hizo por este medio de un total de 28,75 millones de euros.

Cada año, se calcula que SGAE no logra identificar a los autores de un 15% de derechos que ha recaudado en ese ejercicio, lo que equivale a más de 50 millones de euros, según las cifras manejadas por la Agencia de Evaluación de Calidad (Aeval), dependiente del Ministerio de Administraciones Públicas, recogidos en una información de Público el 4 de junio de 2009.

Entre 2005 y 2007, la SGAE se hizo con 28,75 millones en derechos anónimos

¿A qué dedica la SGAE estos fondos? La ley le permite su uso siempre que tenga como objetivo la promoción de la cultura, que más que un derecho es un deber de las gestoras. Pero este es un concepto muy amplio. En sus estatutos, la SGAE recoge como tal, por ejemplo, la conservación, restauración y difusión de los bienes del Patrimonio Histórico Español que pertenecen a la sociedad. Bajo este paraguas, la SGAE destinó a su ambicioso plan de Sedes Integrales (que tenía como objeto hacerse con una red de teatros en España y América Latina de más de 8.000 butacas) los citados derechos prescritos, pero también parte de la recaudación obtenida del canon digital, en concreto el 20% más otro 10% de lo recaudado. La propiedad o cesión de los edificios está a nombre de Fundación autor, propiedad de la SGAE al 100%.

Sin embargo, la ambición del proyecto Sedes Integrales, rebautizado como Arteria por ser esta la filial que se encarga de la gestión de los espacios, no permitía a la Fundación ser capaz de acometer la decena de proyectos que se pusieron en marcha a un mismo tiempo.

Empezaron las hipotecas, que recayeron sobre la propietaria de los edificios: la Fundación. En 2007, los créditos que acumulaba ascendían a 4,5 millones de euros. A finales de 2009, el saldo pendiente de pago se había disparado hasta los 110 millones, que terminarían de pagarse en el año 2025, tal y como contó este periódico en su edición del pasado 12 de marzo. Banesto, Banco de Valencia o Cajamar están entre los principales acreedores. El motivo de que se disparase la deuda está en las dos últimas adquisiciones, las de los teatros Lope de Vega y Coliseum de Madrid, que no pueden ser usados de momento por estar alquilados a Stage Entertainment.

La deuda de la Fundación Autor se ha disparado hasta 110 millones

La secretaria federal de Comunicación Interna de Izquierda Unida, Amanda Meyer, declaró ayer que el Ministerio de Cultura "tiene la responsabilidad de supervisión" de la SGAE y pidió a la ministra que no intente "echar balones fuera haciendo ver que el Gobierno no tiene competencias para fiscalizar este tipo de entidades".