Próxima batalla: los derechos anónimos

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) encontró hace años una mina en los derechos de autor anónimos, esos que una vez recaudados no permiten identificar a su titular o ponerse en contacto con él o sus beneficiarios. Cada año, SGAE no logra identificar a los autores de un 15% de los derechos recaudados y, como estos caducan a los cinco años, según los estatutos fijados por la propia SGAE, la gestora se va quedando cada ejercicio con unos diez millones de euros que no tiene que repartir. Y la decisión que tomó hace tiempo la cúpula de la gestora fue destinarlos a su macroproyecto de red de teatros. Algunos de ellos se alojan en los edificios más emblemáticos de la geografía española, cedidos en ocasiones por las autoridades municipales a cambio de verlos remodelados.

Esta situación, hecha pública por este periódico a raíz de los informes de la Agencia de Evaluación de Calidad (Aeval) dependiente del Ministerio de Administración Territorial, ha empezado a movilizar a los agentes sociales.

La SGAE logra cada año 10 millones por derechos anónimos caducados

Hace una semana, Izquierda Unida-ICV presentó una proposición no de ley ante el Congreso de los Diputados en la que explica que, ante "la disfuncionalidad y opacidad del reparto de los derechos de autor", es especialmente preocupante el porcentaje de ingresos recaudados en concepto de propiedad intelectual, como el canon digital, que no es repartido entre los autores o autoras, engordando inexplicablemente el patrimonio de las sociedades de gestión.

"En el Informe sobre la Gestión Colectiva de Derechos de Propiedad Intelectual de la Comisión Nacional de Competencia continúa la proposición se explica que es importante señalar que las entidades generan montantes de cantidades recaudadas y no repartidas a ningún titular. Es decir, recaudan dinero por un titular y después el titular no lo recibe". Según recuerda IU, "la información sobre este tema es bastante e intencionadamente escasa, y toda la que existe proviene de las propias entidades y de sus memorias. Según datos de Aeval, de la recaudación media anual en 2005-2007, 65,8 millones de euros (un 13,6%) no fueron asignados al realizar el primer reparto. Con el paso del tiempo este porcentaje desciende a niveles menores, puesto que algunos titulares son finalmente encontrados; de esta forma, las cantidades finalmente no repartidas se sitúan en torno al 4% de la recaudación total".

Varias iniciativas privadas intentarán recuperar lo que no se ha repartido

En todo caso, añade, "las cantidades pagadas por los usuarios y no repartidas a ningún titular que se van acumulando en el tiempo ascienden a volúmenes muy considerables: en el caso de la SGAE, y según su Balance de Situación al cierre del ejercicio 2008, los derechos pendientes de reparto ascendían a 164,3 millones de euros. Teniendo en cuenta que una parte fundamental de los ingresos de las sociedades de gestión proviene de las administraciones públicas, esta cifra supone un desvío injustificado de dinero público hacia sociedades privadas, una apropiación de lo que no es propio, y situación inadmisible en un contexto como el actual de recortes en materias como la social".

Por eso IU solicita que se garantice "la devolución a las administraciones públicas, empresas y particulares de todas aquellas cantidades abonadas que las sociedades de gestión no hayan podido repartir a su titular en los últimos 15 años". Y, "en caso de que no sea posible el retorno, las entidades devolverán al Estado los ingresos no repartidos para la creación de un fondo público de promoción y fomento de la cultura y la creación". La iniciativa política no será la última. Desde el mundo empresarial se preparan varios frente judiciales para recuperar parte del canon no repartido.