La Ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, ha respondido en la sesión de control al Gobierno a la actuación de su Departamento en el caso de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y ha asegurado que han actuado 'de acuerdo con todas las posibilidades que le otorga la ley sobre las ocho entidades de gestión autorizadas, incluida SGAE'.

De esta forma respondía a la pregunta del diputado del PP, Rafael Rodríguez-Ponga, recordando además que el Gobierno tendrá ocasión de aclarar todas las cuestiones vinculadas al régimen jurídico de las entidades de gestión esta misma tarde en la Comisión de Cultura. Rodríguez-Ponga ha criticado el seguimiento y la actuación de Cultura en esta cuestión: 'La sensación es que ha habido dejación de competencias', ha dicho para luego añadir que 'parece que hay incompetencia'.

Por su parte, Sinde ha respondido que ese control que se ha ejercido sobre las entidades de gestión 'corresponde en derecho al Ministerio' y ha recordado al diputado popular que él lo sabe porque fue director general de Comunicación y Cooperación del Ministerio entre 1996 a 2000, 'periodo en el que autorizaron esta modificación de estatutos que permitió a unas entidades sin ánimo de lucro tener sociedades mercantiles'.

Según la ministra, esa sentencia del Tribunal Constitucional de 1997 'limita las competencias de vigilancia y control del Ministerio' que, en el momento actual, se circunscriben a 'autorizar a una entidad legalmente constituida para actuar como entidad de gestión; revocar dicha autorización concedida; aprobar las modificaciones de los estatutos de las entidades de gestión; y recabar y recibir toda documentación y datos sobre la compensación equitativa por copia privada'. 'Estas competencias las ejerce el Ministerio cumpliendo su responsabilidad y sometida al derecho', ha dicho.

En este sentido, la titular de Cultura ha pedido a Rodríguez-Ponga que 'no confunda a la opinión pública mezclando la actuación de unos gestores particulares con las entidades de gestión en general', quienes, en su opinión, son 'las auténticas víctimas del proceso'. 'Nuestro deber es salvaguardar los intereses que legalmente les corresponden y hasta que haya sentencia no habrá culpables. El Ministerio colaborará con la justicia en todo aquello que sea preciso, porque queremos esclarecer los hechos', ha afirmado.