La televisión comunitaria más antigua de Madrid, Tele-K, podría escribir su punto final este año después de que ayer por la noche detuviera sus emisiones de forma provisional.

Los gastos de emisión de la TDT, unidos a la inseguridad jurídico-legal en la que se encuentra este tipo de medios, ha desembocado en una situación insostenible que puede acabar con un estilo diferente de entender la comunicación.

"Es la voz de los que no tienen voz", resume Francisco Pérez, director de Tele-K y uno de sus fundadores. "En la televisión hacían sus programas varios colectivos y asociaciones de barrio, incluso asambleas del 15-M. Por eso su cierre supone un serio empobrecimiento de la democracia", lamenta.

Tele-K es, para su director Francisco Pérez, "la voz de los que no tienen voz"

Ante las dificultades económicas para sacar adelante los gastos de la televisión, el canal se marcó el objetivo de lograr 500 socios pero, después de tres meses, sólo han llegado hasta los 162. Cada uno de ellos paga una cuota anual de 60 euros que, junto a la venta de camisetas y la celebración de conciertos de apoyo, ya suman 17.000 euros. Sin embargo, la cifra aún queda lejos de los 30.000 que necesitan para seguir emitiendo.

"Los gastos avanzan más rápido que los ingresos y esto de manera inevitable nos conduce al crecimiento de las deudas. Hay que hacer un paréntesis si no queremos hipotecar definitivamente el futuro de Tele K", escribía la cadena en su perfil de Facebook. De momento la emisión sólo se mantendrá en internet.

Francisco Pérez aclara que se trata de un "paréntesis necesario" ante la falta de apoyo institucional. Desde Tele-K son muy críticos con el gobierno de Esperanza Aguirre, que en 2005, según explica Pérez, adjudicó las licencias de televisión a "grupos reaccionarios", de manera que puso el espectro "al servicio de la extrema derecha".

Esperanza Aguirre puso el espectro "al servicio de la extrema derecha", denuncia Pérez

Sin embargo, también señalan al ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, que ha guardado "durante quince meses un proyecto de regulación de los medios comunitarios y, aunque ahora parece que lo han vuelto a retomar, no creo que les de tiempo a sacarlo adelante antes de que termine la legislatura", explica Pérez.

Las televisiones comunitarias, que no tienen ánimo de lucro, se encuentran en un estado de "precariedad jurídico-legal", lo que implica, entre otras dificultades, la prohibición de emitir publicidad o que su señal pueda ser "invadida" por otros canales.

El jueves, 27 de octubre, se celebrará una asamblea en el Ateneo Republicano, en la que vecinos, colaboradores, entidades sociales y otros agentes implicados en el mantenimiento del canal, decidirán qué hacer para que el futuro de Tele-K sea de todo menos negro.