En las escuelas, en los campos de fútbol, en los suburbios o en las zonas rurales empobrecidas. Allí donde hubiera alguien que pudiese empuñar un fusil, era buen sitio para reclutar. La edad mínima de cualquier nuevo combatiente, 12 años. Ése fue el único límite que las Fuerzas Armadas salvadoreñas respetaron a la hora de buscar nuevos soldados que engrosaran sus filas a lo largo de la guerra civil que sacudió al país centroamericano durante la década de los 80.

En torno al 60% de los reclutamientos, fue forzoso y el 80% de los nuevos milicos, no superaba los 18 años. Fueron niños soldado de una de esas guerras olvidadas, llamadas eufemísticamente de baja intensidad, en la que perdieron la vida más de 75.000 personas, la mayoría civiles. Una contienda que enfrentó al Gobierno militar salvadoreño, salvaguarda de la oligarquía conservadora, y al Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), que aglutinó a las formaciones de izquierda que llevaban una década denunciando los fraudes electorales, la continua violación de los derechos humanos por parte de los escuadrones de la muerte gubernamentales -operativos desde principios de los 60- y el deterioro de la calidad de vida.

Mientras el 90% de la población vivía en los umbrales de la extrema pobreza, unas cien familias controlaban el 45% de la producción nacional. 

Represión sistemática

La gran mayoría de salvadoreños que vivía con menos de 30 dólares al día fue la que temió -y en muchos casos sufrió- el reclutamiento forzoso de sus menores a partir de 1980. Durante doce años, el Gobierno militar hizo desaparecer sistemáticamente a todo aquel que alzaba la voz para denunciar la situación, especialmente a aquellos que eran escuchados en el exterior. Fue el caso de Monseñor Romero, incómodo arzobispo de San Salvador, que fue tiroteado mientras oficiaba misa por haber escrito una carta al entonces presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, pidiéndole que dejase de apoyar militarmente a las represoras fuerzas gubernamentales. Murió pocos meses después de ser propuesto para el Premio Nobel de la Paz.

Las delegaciones salvadoreñas de diferentes organismos internacionales también sufrieron la represión. En 1984, tras la aprobación del decreto 618, se autorizaron  las detenciones provisionales por largos periodos de tiempo y la admisión de declaraciones extrajudiciales conseguidas por las fuerzas de seguridad durante los interrogatorios. Fácticamente, el decreto dio carta blanca a los torturadores.

El reclutamiento forzoso de menores no se realizó solamente por parte del Ejército. Aunque existen menos datos, también el FMLN contribuyó a la militarización de los jóvenes. Se calcula que en torno al 18% de las tropas del Frente eran menores de edad. De hecho, en las zonas rurales era común que los guerrilleros organizasen escuelas de alfabetización para campesinos, a las que asistían familias completas, que se utilizaban como focos de captación de nuevos guerrilleros. Además, existían escuelas militares en las que llegaban a participar niños y niñas de 12 ó 13 años.

En busca de la verdad

Quince años después del fin de la guerra, siguen silenciadas las historias de miles de niños soldado, hoy hombres ya.
Óscar Torres, el Chava, estuvo a punto de ser uno de ellos. Pudo esconderse, huir a tiempo, y ahora cuenta su historia de la mano del director mexicano Luis Mandoki. Juntos han escrito el guión de Voces inocentes, un filme estrenado en 2004, pero que llega ahora a las pantallas españolas.

La guerra civil salvadoreña, esa "guerra popular prolongada" como era denominada por el FMLN, terminó en 1992 con los acuerdos de Chapultepec. Con ellos, se inició la Comisión de la Verdad, un intento por depurar responsabilidades tras dos décadas de masacres. La Comisión señaló a altos jerarcas que seguían ocupando puestos de responsabilidad en el Gobierno y se levantaron ampollas. Hoy, muchas de las heridas siguen abiertas. Prueba de ello es que, según el propio Mandoki, Voces inocentes no pudo rodarse en El Salvador por las presiones gubernamentales.