Con la prohibición que pesa sobre los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado de realizar declaraciones públicas, ha sido la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) quien ayer salió en defensa de los investigadores de la operación Galgo, a los que la jueza instructora del caso ha ordenado investigar por una supuesta ruptura de la cadena de custodia de alguna de las pruebas.

El auto de la jueza sirvió al PP para tachar la investigación contra una trama de dopaje de "ataque" a la atleta Marta Domínguez, orquestado por el exministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. APROGC, en una nota, pide a los partidos que no utilicen a la Guardia Civil en sus disputas electorales. "El rédito que pudieran sacar a corto plazo no merecería el daño gratuito que harían a la Institución que luego tendrían que dirigir", advierte la asociación.

"Jamás actúan como instrumento político", apuntan desde

APROGC, que reúne a un destacado número de agentes de unidades especializadas, como es la Unidad Central Operativa (UCO) responsable de la operación aprovecha para recordar que los agentes "no han dado ningún paso, ni han tomado iniciativa alguna sin la preceptiva autorización de un fiscal y un juez", en este caso Mercedes Pérez Barrios, la magistrada que ahora quiere investigarlos. Esas actuaciones incluyen las que se llevaron a cabo contra Marta Domínguez, recuerda la asociación.

En su último auto, la magistrada desliza la sospecha de que las pruebas fueron adulteradas. La estructura "piramidal y jerarquizada" de la Guardia Civil haría cómplices a cientos de guardias civiles, dice APROGC. "Esa hipótesis es delirante, quien conozca a la Guardia Civil no puede albergar la más mínima duda", se quejan los agentes. "Los guardias civiles jamás actúan como instrumento político", señala la asociación en su comunicado.