El 72% de las inmobiliarias acepta discriminar a migrantes en los alquileres

El 72,5% de las inmobiliarias acepta formas explícitas de discriminación a la hora de alquilar viviendas a migrantes, y de las que no las aceptan la gran mayoría emplea tácticas "indirectas y ocultas" como pedir exceso de documentación o engañar sobre la disponibilidad del inmueble.

Son datos del estudio "¿Se alquila? Racismo y xenofobia en el mercado del alquiler", realizado por Provivienda para analizar la discriminación que sufren las personas extranjeras para acceder y mantener una vivienda en alquiler en España y concluye: "Apenas encontramos inmobiliarias que rechacen cualquier forma de discriminación por motivo de origen".

La investigación, realizada con casi un millar de llamadas solicitando alquiler en 293 agencias de Madrid, Alicante, Barcelona y Granada y financiada por la Secretaría de Estado de Migraciones, concluye que "en España la discriminación es un fenómeno normalizado" y que "la discriminación es uno de los elementos de exclusión residencial".

"Siete de cada diez agencias inmobiliarias han aceptado la condición del propietario de no hacer contratos de alquiler a migrantes", ha explicado el director general de Provivienda, Eduardo Gutiérrez Sanz.

El porcentaje es algo inferior en Barcelona, que podrían estar asociados a la apertura del primer expediente sancionador por parte del Ayuntamiento de la ciudad por motivos de discriminación residencial, añade.

"Son necesarias medidas punitivas que disuadan, al menos, de las formas más visibles y explícitas de discriminación", ha explicado Gutiérrez

"Son necesarias medidas punitivas que disuadan, al menos, de las formas más visibles y explícitas de discriminación", ha explicado Gutiérrez, "porque este tipo de comportamientos están normalizados".

En el resto de las inmobiliarias -esas tres de cada diez que no acepta de forma explícita discriminar- el 81,8% practica otras formas indirectas y ocultas.

Las agencias piden un exceso de documentación requerida, un incremento de las garantías exigidas, engaños sobre la disponibilidad de las viviendas, unido al uso de excusas, y la presentación de cláusulas abusivas en la formalización de contratos de alquiler.

De manera complementaria, cuando se trata de la sostenibilidad de un alquiler residencial, la discriminación se presenta en forma de conflictos vecinales, hostilidad en las relaciones con los propietarios y en un déficit en las características de habitabilidad de las viviendas.

Así, "a igualdad de condiciones entre perfiles, tomando como unidad de convivencia la formada por dos personas adultas y dos menores dependientes, a la población migrante extracomunitaria se le niega en mayor medida la disponibilidad de pisos en el primer contacto", ha señalado el investigador Esteban Buch.

Discriminación por origen

Entre las causas que explican la discriminación por origen, están la estigmatización racial y cultural que se activa al oír el acento o el idioma de la persona que quiere alquilar o al ver la indumentaria y los rasgos raciales.

"Muchos de ellos se ven obligados a vivir en infraviviendas y a sufragar gastos de reparaciones de la vivienda si quieren conservarla", señala el estudio

Pero también hay factores relacionados con la aporofobia o estigmatización de la pobreza; la presunción de un bajo nivel socioeconómico de las personas extranjeras condiciona también el trato que se recibe, señala el estudio.

"Muchos de ellos se ven obligados a vivir en infraviviendas y a sufragar gastos de reparaciones de la vivienda si quieren conservarla y en otros casos los propietarios se niegan a reparar como elemento de acoso para que se vayan", ha añadido el investigador, quien ha recordado que algunos migrantes "se vieron obligados a mantener empleos informales poniendo en riesgo su salud y la de su familia para pagar la vivienda".

Entre las recomendaciones destaca la importancia de aprobar una ley integral de igualdad de trato y contra la discriminación, impulsar programas de mediación de alquiler y el reconocimiento de buenas practicas inmobiliarias.

Además, reclama políticas públicas de vivienda, estrategias preventivas de acompañamiento y asesoramiento, impulsar los servicios de mediación de alquiler y crear bolsas de viviendas en alquiler asequible.